El Tribunal de la Competencia da la razón a la Administración en el caso de Infoville
Preocupación entre los distribuidores de informática
El Tribunal de Defensa de la Competencia ha sentado un precedente que ha hecho saltar la alarma entre los pequeños comerciantes del sector informático. El origen se encuentra en la localidad valenciana de Villena, cuya asociación de comerciantes presentó ante dicho tribunal una queja por un programa de renovación de equipamiento informático que partía de un acuerdo previo entre varias instituciones públicas e IBM y que, presuntamente, incurría en competencia desleal al prescindir de los minoristas para su distribución. Dos años después, el fallo ha dado la razón a la administración autonómica.
Todo comenzó las navidades de 1999 cuando la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Villena, la Fundación OVSI (Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información) e IBM, pusieron en marcha un programa, enmarcado en el proyecto Infoville, en el que se ofrecía actualizar los equipos informáticos a un precio más económico que el marcado por el mercado. En concreto se sustituía un Pentium 100 por un IBM GL-300 Pentium III a 500 MHz con 64 MB de RAM y 10,1 GB de disco duro por el precio de 58.000 pesetas, equipo que está valorado en 226.200 pesetas, según el mayorista Ingram Micro. Los empresarios vieron en ello la causa de que les anularan numerosos pedidos durante la campaña navideña, lo que dio lugar a la presentación de la denuncia en enero de 2000. Eva Tomás, técnica de Comercio y portavoz de Acovi, la Asociación de Comerciantes de Villena, comenta que “todo esto se ha hecho, no por motivos políticos como se insinuó, sino para saber si realmente había competencia y si dicen que la hay, se acata. Era un poco una batalla perdida, pero se quiso intentar”.
Sin embargo, el Tribunal ha considerado que la Fundación OVSI, a través de la cual se recibían las peticiones, no ha incurrido en ninguna práctica ilegal, y que todas las instituciones “han actuado con un claro interés público como es el desarrollo de la Sociedad de la Información”. Antonio Peral, director de la Fundación OVSI, manifiesta en este sentido que “el tribunal ha sobreseído el caso por no encontrar ningún indicio, y más en una población como Villena que tiene poco más de 30.000 habitantes, donde es difícil atentar contra la competencia, y menos con un proyecto que ha hecho que más de un 50 por ciento de los hogares de Villena tengan un equipo informático y más del 30 por ciento tengan conexión a Internet. Por tanto, el proyecto Infoville es lo contrario de lo que estas personas en su momento denunciaban”.
De esta manera defiende un proyecto que, desde sus inicios, ha sido objeto de la polémica y del que se han escrito numerosas páginas en los rotativos levantinos, desde la denuncia presentada por competencia desleal, hasta la coacción por parte de concejales de PP a estos empresarios tras presentar la denuncia, la polémica por la omisión de concurso público o el hecho de que familiares de altos cargos de la administración autonómica estuvieran trabajando en IBM o en Tissat, la empresa contratada para el software.
Pasada la tormenta, los empresarios de informática de Villena han manifestado aceptar el fallo del Tribunal al tiempo que descartan presentar recurso alguno contra esta decisión ya que, “la idea principal era que el ordenamiento jurídico valorara la posibilidad de Competencia Desleal en esta actuación. Si la Subdirección General sobre Conductas Restrictivas de la Competencia así lo ha decidido, se acepta la decisión ya que se consideraba casi un imposible que se diera la razón a la Asociación de Comerciantes de Villena ante tanto organismo involucrado en el Proyecto Infoville”, sentencian los comerciantes.
Todo comenzó las navidades de 1999 cuando la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Villena, la Fundación OVSI (Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información) e IBM, pusieron en marcha un programa, enmarcado en el proyecto Infoville, en el que se ofrecía actualizar los equipos informáticos a un precio más económico que el marcado por el mercado. En concreto se sustituía un Pentium 100 por un IBM GL-300 Pentium III a 500 MHz con 64 MB de RAM y 10,1 GB de disco duro por el precio de 58.000 pesetas, equipo que está valorado en 226.200 pesetas, según el mayorista Ingram Micro. Los empresarios vieron en ello la causa de que les anularan numerosos pedidos durante la campaña navideña, lo que dio lugar a la presentación de la denuncia en enero de 2000. Eva Tomás, técnica de Comercio y portavoz de Acovi, la Asociación de Comerciantes de Villena, comenta que “todo esto se ha hecho, no por motivos políticos como se insinuó, sino para saber si realmente había competencia y si dicen que la hay, se acata. Era un poco una batalla perdida, pero se quiso intentar”.
Sin embargo, el Tribunal ha considerado que la Fundación OVSI, a través de la cual se recibían las peticiones, no ha incurrido en ninguna práctica ilegal, y que todas las instituciones “han actuado con un claro interés público como es el desarrollo de la Sociedad de la Información”. Antonio Peral, director de la Fundación OVSI, manifiesta en este sentido que “el tribunal ha sobreseído el caso por no encontrar ningún indicio, y más en una población como Villena que tiene poco más de 30.000 habitantes, donde es difícil atentar contra la competencia, y menos con un proyecto que ha hecho que más de un 50 por ciento de los hogares de Villena tengan un equipo informático y más del 30 por ciento tengan conexión a Internet. Por tanto, el proyecto Infoville es lo contrario de lo que estas personas en su momento denunciaban”.
De esta manera defiende un proyecto que, desde sus inicios, ha sido objeto de la polémica y del que se han escrito numerosas páginas en los rotativos levantinos, desde la denuncia presentada por competencia desleal, hasta la coacción por parte de concejales de PP a estos empresarios tras presentar la denuncia, la polémica por la omisión de concurso público o el hecho de que familiares de altos cargos de la administración autonómica estuvieran trabajando en IBM o en Tissat, la empresa contratada para el software.
Pasada la tormenta, los empresarios de informática de Villena han manifestado aceptar el fallo del Tribunal al tiempo que descartan presentar recurso alguno contra esta decisión ya que, “la idea principal era que el ordenamiento jurídico valorara la posibilidad de Competencia Desleal en esta actuación. Si la Subdirección General sobre Conductas Restrictivas de la Competencia así lo ha decidido, se acepta la decisión ya que se consideraba casi un imposible que se diera la razón a la Asociación de Comerciantes de Villena ante tanto organismo involucrado en el Proyecto Infoville”, sentencian los comerciantes.
