El Gobierno catalán y T-Systems
El Gobierno catalán está en su derecho –y en su obligación de defenderse de las críticas que razonadamente está recibiendo desde la oposición– de intentar demostrar que sus actuaciones provienen -y están avaladas- del estricto cumplimiento de unas normas en su momento preestablecidas. Pero su supuesta ortodoxia queda erosionada ante el análisis, por superficial que sea, de su procedimiento de contratación. Es verdad que un acuerdo marco simplifica y agiliza notablemente los procesos de selección, evaluación, y posterior adjudicación. Pero, un acuerdo marco bien concebido e inteligentemente ejecutado, pasa por un previo concurso público para elegir, finalmente, las tres o cuatro empresas que, durante el periodo de tiempo anunciado –dos, tres, o cuatro años, normalmente- rivalicen entre ellas para conseguir, en cada momento, los posibles contratos que el cliente les vaya dando a conocer, de acuerdo con sus sucesivas necesidades. Es difícil entender, por lo tanto, un acuerdo marco con una sola empresa –en este caso sería suficiente un concurso público de asistencia técnica de carácter plurianual- en el que la elegida puede permitirse el lujo de justificar precios en la cuantía que estime más conveniente, ya que no puede presionarla el más temido y respetado argumento a esgrimir por todos los compradores que desean defender lo mejor posible sus intereses: Los competidores. Tampoco se entendería bien que el cliente dijera que, en la redacción del contrato, existen cláusulas de control y renegociación que reforzarían sus decisiones interesadas porque, los hechos, parecen indicar que no las ha tenido suficientemente en consideración ¿Por qué esa decantación tan elocuente por T-Systems?