El futuro de las empresas públicas
El mare mágnum informativo que se está montando a propósito de las privatizaciones, además de ser ilustrativo por las declaraciones de los agentes sociales implicados, anima a las diferente empresas de nuestro sector a focalizar un aspecto, para otros colateral, irrelevante, o sin peso, que provoca desesperación e irritación cuando se tropieza con él. Se trata de la solemne invocación que hacen determinados altos cargos al concepto de empresa nacional, cuando en realidad subyace en su interior la malsana intención de la adjudicación indebida de un contrato, y recurren al subterfugio, en un intento supremo por proteger su premeditada decisión. ¿Se encontrarán, después de las privatizaciones, argumentos para seguir utilizándolos cuando les convenga?
Habrá que creer en la realización de intentos coherentes por desarraigar comportamientos espúreos, en algo tan serio y transcendente para las empresas como son los contratos. Para empezar, deberían dejar bien claro los distorsionadores de una correcta evaluación, lo que ellos entienden por empresa nacional. Por lo tanto, es necesario, liberarse de viejos prejuicios y nostalgias casi autárquicas, y valorar y analizar exhaustivamente los parámetros de más repercusión social: inversiones; número de personas a las que da empleo; e impuestos que la empresa paga en España.
En este sentido, los elementos decisores, o los que pretenden influir en la decisión son los que juegan con el calificativo nacional de la manera más conveniente para la resolución que persiguen.
De esta manera, lo utilizan discriminando, a su manera, a los suministradores considerados no nacionales, en adjudicaciones en las que se hace promoción de ofertas sin ninguna publicidad, e intentan influir en las contrataciones mediante previa convocatoria de concurso público, para que se fije la atención en las empresas nacionales, en las fases de evaluación. Actitud descalificable que, todavía, se sigue practicando.
Los reventadores de la asepsia en los procesos de contratación deberían ser fulminantemente destituidos en los puestos de gestión y decisión. Porque, al estar muy fichados por las empresas del sector, y conocerse sus habituales inclinaciones, desprestigian el entorno al que pertenecen. Sólo perderían los granujas, incluidos ellos.
