El camino de la externalización en el sector público
Sólo un 10% del outsourcing en 2003 tuvo como participe a las AA.PP.
El negocio del outsourcing sigue creciendo a buen ritmo. Según los últimos datos de la Asociación española de empresas de consultoría (AEC), este sector facturó en España 780 millones de euros en 2003, un 12,7% más que en 2002. Se espera que en 2004 el crecimiento sea en torno al 13%. La participación de las AA.PP. en la adquisición de servicios de externalización está en un 10%.
Hace un año, Capgemini anunció la firma de un contrato de outsourcing con la Hacienda Británica por un período de diez años por valor de 4.300 millones de euros. En nuestro país “si bien han comenzado ciertos proyectos en la administración local con temas de gestión de aspectos muy concretos y especializados como la gestión de multas o la gestión de recaudación, todavía se está lejos de anunciar un proyecto similar al de la Administración Pública inglesa”, explica Carlos Delgado, director general de Matchmind, quien cree que el modelo tiene que cambiar, “ya que la tecnología está transformando la manera de dirigirse de la administración al ciudadano y, hoy por hoy, los organismos públicos no pueden acometer por sí solos estos proyectos tecnológicos”. Para Javier Díaz, vicepresidente y responsable del sector público de Capgemini, “la externalización de servicios viene siendo una realidad en el sector público desde hace unos años pero aún queda pendiente consolidar este herramienta en el ámbito de las Tecnologías de la Información”.
En esta línea, Stephan Maisons, director general de mercado de IT Deusto, señala que “las administraciones públicas encuentran en el outsourcing una gran oportunidad para mejorar procesos administrativos, ampliar horarios, mejorar el back office; en definitiva, mejorar servicios públicos”. Con ello, Maisons se atreve a pronosticar que el mercado de outsourcing, “si bien crecerá gradualmente en las Administraciones Públicas, tardará entre 5 a 6 años en ver su implantación definitiva”.
Paso a paso
Jose F. Olascoaga, presidente de Entel, enumera dos factores como claves para el crecimiento del outsourcing en un contexto público: la propia voluntad de mejorar la eficiencia pública, situando las relaciones operativas en un contexto adecuadamente competitivo; desarrollo de la oferta de outsourcing local tanto en calidad como en servicio y precio (la oferta offshore no tendrá tanta incidencia a corto y medio plazo).
Javier Díaz añade que “la problemática de la función pública aporta algunas variables que hay que manejar con sumo cuidado como es la gestión del cambio que implican estos procesos. Por ello, hay que abordarlos siempre teniendo en cuenta todos los colectivos afectados y partiendo de un ejercicio estratégico muy claro de qué se externaliza y cómo se gestiona su seguimiento”.
Por su parte, José Manuel Desco, socio de Accenture, señala que para una adecuada presencia del outsourcing en el sector público deben mejorarse varios aspectos en la contratación de este tipo de servicios en ámbitos como: “El enfoque de los servicios en sí mismos, de forma que no queden reducidos a contratos de body shopping, sino que incorporen claramente valor para las Administraciones Públicas mediante auténticos contratos de externalización basados en Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)”.
La normativa de contratación, que limita tanto duración de los contratos como su posterior gestión. “Los contratos de outsourcing son, en última instancia, relaciones basadas en la confianza y en la consecución mutua de beneficios, por lo que la transparencia y la flexibilidad con condiciones básicas para su ejecución”.
Finalmente, “el replanteamiento de las responsabilidades de los profesionales públicos en un nuevo contexto en el que éstos pueden aportar más a las Administraciones Públicas sobre la base de su conocimiento de los procesos de gestión y las problemáticas de sus organizaciones. Ello implica, ineludiblemente, una transformación de las estructuras, competencias y funciones de los departamentos de tecnologías de la información de las organizaciones públicas”, concluye Desco.
Hace un año, Capgemini anunció la firma de un contrato de outsourcing con la Hacienda Británica por un período de diez años por valor de 4.300 millones de euros. En nuestro país “si bien han comenzado ciertos proyectos en la administración local con temas de gestión de aspectos muy concretos y especializados como la gestión de multas o la gestión de recaudación, todavía se está lejos de anunciar un proyecto similar al de la Administración Pública inglesa”, explica Carlos Delgado, director general de Matchmind, quien cree que el modelo tiene que cambiar, “ya que la tecnología está transformando la manera de dirigirse de la administración al ciudadano y, hoy por hoy, los organismos públicos no pueden acometer por sí solos estos proyectos tecnológicos”. Para Javier Díaz, vicepresidente y responsable del sector público de Capgemini, “la externalización de servicios viene siendo una realidad en el sector público desde hace unos años pero aún queda pendiente consolidar este herramienta en el ámbito de las Tecnologías de la Información”.
En esta línea, Stephan Maisons, director general de mercado de IT Deusto, señala que “las administraciones públicas encuentran en el outsourcing una gran oportunidad para mejorar procesos administrativos, ampliar horarios, mejorar el back office; en definitiva, mejorar servicios públicos”. Con ello, Maisons se atreve a pronosticar que el mercado de outsourcing, “si bien crecerá gradualmente en las Administraciones Públicas, tardará entre 5 a 6 años en ver su implantación definitiva”.
Paso a paso
Jose F. Olascoaga, presidente de Entel, enumera dos factores como claves para el crecimiento del outsourcing en un contexto público: la propia voluntad de mejorar la eficiencia pública, situando las relaciones operativas en un contexto adecuadamente competitivo; desarrollo de la oferta de outsourcing local tanto en calidad como en servicio y precio (la oferta offshore no tendrá tanta incidencia a corto y medio plazo).
Javier Díaz añade que “la problemática de la función pública aporta algunas variables que hay que manejar con sumo cuidado como es la gestión del cambio que implican estos procesos. Por ello, hay que abordarlos siempre teniendo en cuenta todos los colectivos afectados y partiendo de un ejercicio estratégico muy claro de qué se externaliza y cómo se gestiona su seguimiento”.
Por su parte, José Manuel Desco, socio de Accenture, señala que para una adecuada presencia del outsourcing en el sector público deben mejorarse varios aspectos en la contratación de este tipo de servicios en ámbitos como: “El enfoque de los servicios en sí mismos, de forma que no queden reducidos a contratos de body shopping, sino que incorporen claramente valor para las Administraciones Públicas mediante auténticos contratos de externalización basados en Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)”.
La normativa de contratación, que limita tanto duración de los contratos como su posterior gestión. “Los contratos de outsourcing son, en última instancia, relaciones basadas en la confianza y en la consecución mutua de beneficios, por lo que la transparencia y la flexibilidad con condiciones básicas para su ejecución”.
Finalmente, “el replanteamiento de las responsabilidades de los profesionales públicos en un nuevo contexto en el que éstos pueden aportar más a las Administraciones Públicas sobre la base de su conocimiento de los procesos de gestión y las problemáticas de sus organizaciones. Ello implica, ineludiblemente, una transformación de las estructuras, competencias y funciones de los departamentos de tecnologías de la información de las organizaciones públicas”, concluye Desco.
