Comunicaciones

El borrador de la LSSI sigue sin convencer a los internautas

Se extiende la creencia de que la Inquisición planea sobre Internet

La última convocatoria de la Comisión de estudio de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en el Senado que tuvo lugar el pasado 4 de septiembre en un reinicio del curso político, se centró en el tema estrella de los últimos tiempos, el debate en torno al anteproyecto de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI). En defensa y representación del colectivo Internet acudieron miembros de la revista Kriptópolis (los abogados Carlos Sánchez Almeida y Javier Maestre), de la Asociación de Internautas (el abogado Pedro Tur) y del Grupo Socialista (Félix Lavilla, portavoz de la Comisión de la SI y el Conocimiento), y todos ellos salieron decepcionados del encuentro por tanto siguen considerando que la Ley representa “un atentado contra la libertad de expresión, intento de regular el flujo de información y una extensión de las potestades a poderes administrativos”.
“El anteproyecto de Ley ya va por el tercer borrador y no deben estar muy convencidos de su contenido por cuanto ya comienza a hablarse de un cuarto, aunque no hay nada oficial”, sostiene Félix Lavilla. “Ya el texto del segundo borrador -continúa Lavilla-era un despropósito y ante nuestras críticas optaron por cambiarlo radicalmente porque suponía reabrir el capítulo de la censura, en este caso sobre la Red”.
Para el Grupo Socialista, la esencia del borrador de la LSSI va en contra de lo aprobado por unanimidad en el Senado el pasado 17 de diciembre de 1999 donde la Conclusión nº2 recoge que “la libertad es una condición inherente a la Red que no podrá ser restringida por ningún poder público o privado. La libertad debe ser total en cuanto al acceso, la circulación la información y la comunicación. Las únicas limitaciones posibles son aquellas que vengan delimitadas por la Carta Universal de los Derechos Humanos”. La anteproyecto de LSSI vulnera el acuerdo alcanzado en tanto habilita a la autoridad administrativa para regular la libertad de expresión y “establecer así un Estado de excepción sobre Internet”, asegura Lavilla.
La comunidad de internautas en pleno se revela en contra de la redacción del borrador de la futura LSSI porque entiende que la Libertad no puede acotarse, es un derecho que debe producir los mismos efectos y contar con las mismas garantías, ya se trate de un medio de comunicación tradicional u otro que se difunda por Internet. La libertad de expresión queda en manos de la subjetividad administrativa para ser sancionada, y no sobre la judicial como establece nuestro ordenamiento. A juicio del portavoz socialista de la Comisión de la SI y el Conocimiento los responsables del anteproyecto de Ley deberían plantearse “bajo qué excusas pueden amparar el secuestro de la información. Además, el problema no es que un funcionario se presente a cerrar una web, sino la propia autocensura que pueda impulsar entre los responsables de un portal o de un medio de comunicación, ante el riesgo de incurrir en sanciones que conllevan el pago de multas por valor entre 50 o 100 millones de pesetas”.


“La libertad es una condición inherente a la red”
Félix Lavilla, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de la SI y el Conocimiento
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En una entrevista concedida a la revista iworld, Félix Lavilla, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de la SI y el Conocimiento destaca la censura contemplada en el anteproyecto de la LSSI junto al retraso tecnológico de España y la insuficiencia de infraestructuras.
“Con el retraso que tenemos -asegura Lavilla-, España está corriendo el riesgo de perder un tren que no se puede recuperar fácilmente y a que el año web no es de 365 días, sino mucho más breve. Por ello debe llevarse a cabo un Plan de convergencia de políticas activas que equilibre todos los indicadores de la SI”.
En relación al anteproyecto de LSSI, el portavoz socialista encuentra un tanto arbitrario el artículo 8 del citado texto, donde se recoge que “las autoridades competentes podrán ordenar que se interrumpa un servicio de la SI (entendemos como servicio el suministro de información por dichos medios)”. “¿Quiénes son las autoridades competentes?”, se pregunta Lavilla ya que la Constitución Española en su artículo 20.5 determina claramente cuándo se puede cerrar una publicación: “Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”. Por tanto, “la libertad es una condición inherente a la Red que no podrá ser restringida por ningún poder público o privado”, concluye Félix Lavilla.

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