El 45% de las empresas controla el acceso de sus empleados a Internet
Las politicas de control son licitas pero deberian divulgarse
El 45% de las empresas españolas controla el acceso de sus empleados a Internet, y un 24% el uso del e-mail. Una práctica con la que las empresas tratan de limitar su responsabilidad civil por los actos de los trabajadores.
Estos resultados reflejan el alcance actual de la función inspectora del empresariado español de nuestro país en materia electrónica, según se desprende del “Estudio sobre políticas, hábitos de uso y control de Internet y correo electrónico en las principales empresas españolas” realizado por el e-Business Center de PriceWaterHouseCoopers e IESE.
En España, el uso de Internet y el correo electrónico entre las mil mayores empresas se encuentra bastante extendido, como refleja el hecho de que el 98% de la muestra seleccionada contestase que sus empleados tenían acceso a estos medios en el puesto de trabajo.
El estudio entra a analizar un tema controvertido y de actualidad en el entorno empresarial, cual es la privacidad on-line. Por un lado, el nuevo marco legal está llevando a las empresas españolas a reforzar el control del uso de Internet de sus empleados, y por otro, los trabajadores ven vulnerados su derecho a la intimidad.
A juicio de la consultora, la evolución futura del e-business depende de la confianza que los usuarios tengan en este medio, algo relacionado directamente con el uso y tratamiento que se haga de la información.
Los resultados del estudio se mueven entre el control y la confianza. Así, “mientras la empresa tiene derecho a controlar sus recursos y que el tiempo que los trabajadores revierta en provecho de la empresa, estableciendo mecanismos de control, el trabajador debe saber que su derecho a la intimidad y privacidad quedan garantizados”, señala Joan Fontrodona Felip, del IESE, y responsable del estudio.
El estudio también recoge que casi el 10% de las empresas ha sancionado a algún trabajador por el uso incorrecto de sus telecomunicaciones, y al menos un 3% ha procedido a despidos. Por otro lado, sólo el 12% de las mayores empresas españolas permite el uso libre de Internet y el e-mail, mientras el 67% de las empresas encuestadas limita el uso de Internet y el 69% el del correo electrónico. Sin embargo, sólo el 38,5% de las organizaciones cuenta con políticas escritas sobre el primero y el 47,3% sobre el segundo.
Para Javier Ribas, socio responsable del área legal de Landwell-PwC, no siempre es posible que exista sintonía entre aspectos éticos y legales. Hay que analizar Internet y los e-mails como puertas de acceso y salida de información, lo que representan fisuras para la seguridad de una compañía”. Sobre esta base, las empresas españolas están incrementando las medidas de seguridad informática para reducir el riesgo de sanciones administrativas y perjuicios económicos derivados de un vago ejercicio de su responsabilidad como empleador. En este sentido, Ribas considera el control como una legítima pretensión de la empresa, para minimizar los riesgos de una situación de infracción civil. Pero la empresa deberá ejercer ese control con un mínimo de proporcionalidad e idoneidad en las sanciones”.
A falta de una norma precisa que defina cómo pueden limitarse las comunicaciones electrónicas dentro de las empresas, las empresas, como ya lo están haciendo las grandes, deberían basar el control del uso que sus empleados hacen de Internet y el correo electrónico, en normas internas. Unas normas perfectamente descritas, impresas y de conocimiento generalizado, para evitar sorpresas de los trabajadores, así como descender el nivel de reticencias que inicialmente pudieran mostrar antes una situación de control.
Estos resultados reflejan el alcance actual de la función inspectora del empresariado español de nuestro país en materia electrónica, según se desprende del “Estudio sobre políticas, hábitos de uso y control de Internet y correo electrónico en las principales empresas españolas” realizado por el e-Business Center de PriceWaterHouseCoopers e IESE.
En España, el uso de Internet y el correo electrónico entre las mil mayores empresas se encuentra bastante extendido, como refleja el hecho de que el 98% de la muestra seleccionada contestase que sus empleados tenían acceso a estos medios en el puesto de trabajo.
El estudio entra a analizar un tema controvertido y de actualidad en el entorno empresarial, cual es la privacidad on-line. Por un lado, el nuevo marco legal está llevando a las empresas españolas a reforzar el control del uso de Internet de sus empleados, y por otro, los trabajadores ven vulnerados su derecho a la intimidad.
A juicio de la consultora, la evolución futura del e-business depende de la confianza que los usuarios tengan en este medio, algo relacionado directamente con el uso y tratamiento que se haga de la información.
Los resultados del estudio se mueven entre el control y la confianza. Así, “mientras la empresa tiene derecho a controlar sus recursos y que el tiempo que los trabajadores revierta en provecho de la empresa, estableciendo mecanismos de control, el trabajador debe saber que su derecho a la intimidad y privacidad quedan garantizados”, señala Joan Fontrodona Felip, del IESE, y responsable del estudio.
El estudio también recoge que casi el 10% de las empresas ha sancionado a algún trabajador por el uso incorrecto de sus telecomunicaciones, y al menos un 3% ha procedido a despidos. Por otro lado, sólo el 12% de las mayores empresas españolas permite el uso libre de Internet y el e-mail, mientras el 67% de las empresas encuestadas limita el uso de Internet y el 69% el del correo electrónico. Sin embargo, sólo el 38,5% de las organizaciones cuenta con políticas escritas sobre el primero y el 47,3% sobre el segundo.
Para Javier Ribas, socio responsable del área legal de Landwell-PwC, no siempre es posible que exista sintonía entre aspectos éticos y legales. Hay que analizar Internet y los e-mails como puertas de acceso y salida de información, lo que representan fisuras para la seguridad de una compañía”. Sobre esta base, las empresas españolas están incrementando las medidas de seguridad informática para reducir el riesgo de sanciones administrativas y perjuicios económicos derivados de un vago ejercicio de su responsabilidad como empleador. En este sentido, Ribas considera el control como una legítima pretensión de la empresa, para minimizar los riesgos de una situación de infracción civil. Pero la empresa deberá ejercer ese control con un mínimo de proporcionalidad e idoneidad en las sanciones”.
A falta de una norma precisa que defina cómo pueden limitarse las comunicaciones electrónicas dentro de las empresas, las empresas, como ya lo están haciendo las grandes, deberían basar el control del uso que sus empleados hacen de Internet y el correo electrónico, en normas internas. Unas normas perfectamente descritas, impresas y de conocimiento generalizado, para evitar sorpresas de los trabajadores, así como descender el nivel de reticencias que inicialmente pudieran mostrar antes una situación de control.
