Defensa de intereses

A estas alturas del curso, cuando faltan tres telediarios para que concluya el año, hay personajillos ocultos que tratan de soliviantar con una supuesta cascada de drásticas medidas con respecto a las contrataciones hasta fin de año en la Administración General del Estado (AGE). El cerebrino apostado en el núcleo de partida de esa especie de leyenda urbana da muestras, por los mensajes que le interesan que circulen, que prácticamente ignora cómo se mueve la AGE con respecto a las contrataciones relacionadas con las TIC. Los gestores de los presupuestos TIC en los ministerios o ya tienen fundidas sus asignaciones para el presente año o están a punto de utilizar los últimos cartuchos. Y si les intentan frenar alguna de las contrataciones que ahora están en marcha sabrán justificar que se trata de inversiones o gastos básicos. ¿Qué argumentaciones coherentes utilizaría el Ministerio de Economía y Hacienda para mostrarse decidido a hacer abortar operaciones básicas en curso? Además del estropicio funcional –para el presente, e incluso para el futuro inmediato– ¿le resultaría cuantitativamente importante la cantidad intervenida? Si una decisión de tal calibre la hubiera tomado durante los primeros meses del año, la cantidad retenida hubiera sido relevante aunque, por supuesto, a costa de infringir las más elementales normas de ese cacareado objetivo de hacer la AGE más eficiente. Lo que sí habrá que esperar es un escaso crecimiento en los presupuestos TIC para 2009 que, unido a la pérdida de poder adquisitivo respecto a 2008, obligará a los responsables TIC a replantear sus propuestas de inversión. Éste es otro tema sobre el que tendrían que reflexionar. La defensa de intereses lo justificaría.