De servidores públicos a dictadores
La decisión del Tribunal Supremo de anular el traslado de la sede de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de Madrid a Barcelona fue cocinada entre el Gobierno central y la Generalitat; se intentó justificar como una descentralización lo que en realidad es centralizar en otra sede unos servicios, lo que conlleva, según datos del diario El Mundo, un enorme gasto de personal (18 millones de euros en indemnizaciones), inmobiliario (se pasa de un local en propiedad a otro alquilado) y de recursos humanos, ya que se ha tenido que contratar a más de la mitad de los profesionales. Todo esto ¿con qué ventajas? Ya el propio Tribunal Supremo indica que el decreto del Gobierno no está suficientemente motivado. Hace dos años, tras conocer la decisión de la descentralización, que sorprendió por lo inédito, se deseaba que el Gobierno actuara sobre las decisiones que suele adoptar este organismo, contrario muchas veces a los intereses de los ciudadanos, como las relativas a la tarificación adicional, las preasignaciones fraudulentas, su tardanza en permitir el aumento de velocidad del ADSL por el mismo precio propuesto por las operadoras telefónicas, su política de precios basada en el beneficio de mayoristas en detrimento de los minoristas, y que reiteradamente viene denunciado la Asociación de Internautas, y que requiere un cambio de modelo de liberalización tan urgente como necesario. Sin embargo, no fue así: la decisión del Gobierno solamente se limitó a un cambio físico de la CMT a Barcelona. Y ello, sin que los agentes afectados fuéramos consultados, ni que esto fuera consensuado con nadie: ni con el consejo del organismo, ni con el comité de empresa, ni con las operadoras telefónicas, que desde la incorporación de Menta y Retevisión a Auna ya no tienen sede central en Barcelona, ni con el Parlamento y, por supuesto, y esto ya no es noticia, con los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Sí, el Gobierno tiene la legítima intención de descentralizar la Administración del Estado, pero quedan muchas preguntas a las que no encontramos respuesta: ¿Por qué la CMT?, ¿por qué a Barcelona y no a Vitoria, Badajoz, Sevilla o Zaragoza?,¿por qué no se ha consultado con nadie?, ¿por qué urge cambiar el sitio y no los hábitos contrarios al interés general del organismo?, ¿dónde está el diálogo y el buen talante prometido por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero?... Demasiadas preguntas sin respuesta. Ahora dice el Gobierno que la decisión del Supremo no afecta a la decisión, que todo es un problema de procedimiento. Un buen ejemplo de cómo los servidores públicos se convierten en dictadores. Un mal ejemplo democrático. Víctor Domingo es presidente de la Asociación de Internautas
