Competencia y servicio universal, las claves de la campaña

La celebración el próximo tres de marzo de elecciones generales en nuestro país ha permitido conocer las opiniones de los principales partidos que concurren a ellas sobre temas directamente relacionados con la política industrial española, en la que se encuentra un sector de vital importancia, las telecomunicaciones, que se ha configurado como un elemento clave para el desarrollo de nuestro país y para situarnos a la misma altura que el resto de los países de la Unión Europea.

Las telecomunicaciones son el sector que concita mayor debate dentro del sector industrial español entre los partidos políticos que concurren a las próximas elección generales, sin embargo, es también donde más acusaciones y discrepancias se han vertido en los últimos tiempos. Aunque parece que entre todos los partidos los objetivos a conseguir están claros y son coincidentes en muchos puntos, no lo son la forma de llevarlos a cabo, y de las herramientas que pondrán a disposición de los jugadores para acometer las reformas que todos afirman que son necesarias.

PSOE, objetivos desde el poder

Para el Partido Socialista Obrero Español, partido que es estos momentos gobierna España, la política de telecomunicaciones que marcarán el futuro está basada en tres objetivos. En primer lugar, garantizar los servicios universales de calidad para todos los ciudadanos. Segundo, introducir competencia en el sector y en tercer lugar, impulsar el desarrollo industrial y tecnológico del sector español.

Para conseguir estos objetivos, el PSOE propone modificar la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, como marco para la liberalización total el 1 de enero de 1998, estableciendo los mecanismos de financiación de un servicio público de extensión universal que garantice a todos los ciudadanos el acceso a las redes y servicios básicos. Se creará una entidad arbitral, dotada de autonomía y medios para garantizar la rápida solución de los potenciales conflictos entre operadores de redes y servicios.

Para ello se impulsará el desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones, con el desarrollo de nuevas redes de cable y la modernización de las existentes. Se promoverá la continuación del programa Hispasat, para incrementar los servicios de telecomunicaciones por satélite y el uso de las tecnologías digitales. Igualmente proponen impulsar el desarrollo de nuevas infraestructuras de comunicaciones móviles, para incrementar la cobertura de estos servicios.

Igualmente pretenden el fortalecimiento de los operadores nacionales, favoreciendo su modernización para que estén en condiciones favorables para enfrentarse a la competencia, que se establecerá a partir de 1998.

Se creará también, un segundo operador integral de redes y servicios de telecomunicaciones de capital privado español. Este segundo operador se construirá a partir de las infraestructuras de telecomunicaciones existentes en nuestro país distintas de las de Telefónica.

PP, una visión diferente

Para el Partido Popular, el primer elemento a tener en cuenta cuando se habla de política de telecomunicaciones es la posición divergente que mantienen, según palabras de Agustín Blanco, asesor parlamentario del PP, con el PSOE, es en que, "nosotros no tenemos prejuicios ideológicos para proceder a la total liberalización del sector, pues confiamos en la competencia, creemos en un mercado con toda clase de requisitos y regulaciones en defensa de nuestra situación y plenamente adaptados a las circunstancias nacionales".

En cuanto a telefonía GSM, el PP estima que estamos en los niveles más bajos de toda Europa, pues hemos llegado a esta tecnología más tarde que cualquier otro país. "Las circunstancias en las que se desarrolla el sector, con una velocidad notable, la globalización de los mercados, la internacionalización de los operadores hace que haya que adoptar una actitud activa de potenciación del sector y de lucha en favor de los intereses nacionales".

En este contexto, el Partido Popular propone, entre otras medidas la redacción de una nueva Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, así como leyes sectoriales que permitan el desarrollo de todos los aspectos colaterales.

Por lo que se refiere a Telefónica, el PP opina que es uno de los grandes operadores nacionales y que está en perfectas condiciones de igualdad con otros para competir en el mercado internacional, sin embargo, Retevisión y Correos necesitan la adopción de determinadas medidas que permitan su supervivencia en un régimen de competencia.

El Partido Popular contempla también la necesidad de la aparición de un segundo operador de redes y servicios fijos. Según los expertos de este partido, es necesario estudiar el mercado para realizar un perfecto diseño de este operador en base a las hipótesis de crecimiento de mercado. Este segundo operador dinamizaria el mercado y corregiría las conductas de monopolio.

Por otro lado, el desarrollo de operadores sectoriales e industriales y permitirá la promoción de aplicaciones telemáticas que podrían conducir a la potenciación deseada del sector para que supere la importancia relativa que ahora tiene y que no llega al 3 por ciento del PIB.

En cuanto al sector informático, para el PP dada la situación actual del mercado, la informática no puede existir sin las telecomunicaciones. Como sector industrial en los últimos meses se ha producido el abandono de las actividades de fabricación de algunas empresas como por ejemplo IBM, por ello el PP cree que las mayores posibilidades de desarrollo están en el campo del software no del hardware, y pasan por la promoción de aplicaciones telemáticas que por un lado, va a permitir el desarrollo de nuevas empresas y por otro, que los sistemas de información lleguen a las PYMES para mejorar sus procesos productivos y su competitividad.

Es necesario también la creación de un organismo de regulación y arbitraje en el campo de las redes de cable para que se impulse la creación de estas tecnologías. Igualmente para el PP es imprescindible el mantenimiento del servicio universal, en el caso de la telefonía básica.

Izquierda Unida, el tercero en la lista

Para los responsables de la elaboración del programa electoral de Izquierda Unida, existe en estos momentos en nuestro país una ausencia de políticas de inversión pública, lo que representa una excepción a la regla europea. El desarrollo relativo está entre un tercio y dos veces por debajo de la media de nuestro entorno, si el PIB representa entre el 8 y el 9 por ciento del europeo, nuestro mercado de telecomunicaciones sólo alcanza el 6 por ciento y el de la informática el 3 por ciento. La penetración telefónica sigue alejada de Europa, en telefonía móvil seguimos a la cola de Europa, y en digitalización de la red todavía queda mucho por hacer.

Para Izquierda Unida, el sector de las telecomunicaciones es estratégico ya que se trata de un servicio público que se presta en el ámbito del Estado y constituye una de las bases más importantes para la generación de la actividad industrial y de servicios de cara a los próximos años, y debe seguir siendo un elemento básico y de cohesión social y equilibrio territorial por lo que consideran imprescindible su planificación y el control público del mismo, que debe concluir con la universalidad del servicio básico de telecomunicaciones.

Los objetivos globales que Izquierda Unidad se marca como básico con: potenciar la inversión pública y privada, poner fin a los monopolios y dar paso a la participación de otros agentes, y complementar y coordinar las políticas de los distintos niveles de la Administración Pública, teniendo en cuenta las aplicaciones posibles y la realidad transnacional.

Para ello es necesario, según los ideólogos de Izquierda Unida, potenciar nuevos servicios útiles para la sociedad. Apuestan por un