Comienzan las reacciones a nivel político acerca del "efecto 2000"

Esta publicación informaba en la portada de su último edición de la primera acción por parte de un grupo parlamentario, el PSOE más concre- tamente, para valorar los perjuicios que el efecto 2000 podría causar sobre la economía española. El Grupo Socialista, a través de una proposición no de ley instaba al gobierno a realizar un informe en un plazo de dos meses para evaluar la situación.

A continuación se reproduce la parte del texto elaborado por el Grupo Socialista del Congreso que no tuvo cabida en el número 706 de ComputerWorld y que servirá para que los lectores se hagan una mayor idea de esta primera acción institucional.

"La magnitud del daño que se producirá de no adoptarse medidas es ingente (se estima que la actualización en todo el mundo tendrá un coste equivalente a los 600.000 millones de dólares).

En la mayoría de los casos, la adaptación deberá hacerse de forma manua y muy trabajosa -línea a línea-, mediante técnicas de programación que hoy están obsoletas y, por tanto, sólo son conocidas por un reducido número de técnicos informáticos. Naturalmente, buena parte del coste hoy estimado repercutirá sobre los consumidores.

Las complejidades legales del "efecto 2000" son enormemente complejas. Las compañías y las administraciones que no hayan resuelto un problema conocido podrían ser acusadas de negligencia y verse obligadas a pagar a clientes y usuarios por daños ocasionados (cuentas bancarias, pensiones, salarios).

Las empresas suministradoras de programas y sistemas podrían ser también acusadas por empresas y usuarios de sus sistemas por haber vendido material inadecuado y no ofrecer soluciones a los problemas. Pero también, especialmente en el caso de las grandes empresas, será necesario que éstas acrediten fehacientemente haber tomado las medidas para combatir el "efecto 2000", ya que ello podría influir decisivamente en aspectos como su cotización o la suscripción de primas de seguros.

Las soluciones, diferentes en cada caso, deberán aplicarse no sólo a todas las aplicaciones usadas por los sistemas centrales de cada empresa o administración, sino también a todas las unidades de trabajo que suministren información a dichos sistemas centrales o la utilicen.

La estimación de costes que originará el "efecto 2.000" reflejan en gran medida lo que habrán de financiar los contribuyentes. Pero, al mismo tiempo, expresan un volumen de negocio que, en el caso de España, es previsible que se sitúe bastante por encima del billón de pesetas (un15% de lo que gastaremos este año en pensiones, todo el presupuesto del Ministerio de Educación). La mayoría de las empresas que están desarrollando tecnologías y formando expertos para afrontar el problema son norteamericanas, por lo que existe una alta probabilidad de que el "efecto 2000" incremente también considerablemente nuestro déficit tecnológico, comercial y financiero".

Ahora solo resta esperar a ver la reacción que esta proposición no de ley va a causar en el seno del Gobierno y qué medidas va a tomar el ejecutivo al respecto. El plazo para presentar el primer informe etá fijado en dos meses y hasta entonces habrá tiempo de observar qué grado de sensibilidad hacia la problemática del año 2000 existe entre los miembros del gobierno.