Asistencia a empleados judiciales de la Comunidad de Madrid
Ibermática se hace con este contrato en la Consejería de Justicia
ICM es el Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, donde se concentra la gestión del presupuesto en TI de la región. Tras el traspaso de competencias en materia de Justicia en julio de 2002, ICM es la encargada de dotar de los medios materiales y económicos necesarios para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales con competencia territorial en el ámbito de dicha Comunidad. Recientemente, el organismo ha cerrado un contrato con Ibermática para la asistencia y soporte de empleados judiciales.
Roberto González, director de los Servicios Institucionales Informáticos de la Comunidad de Madrid comenta cómo eran las infraestructuras de la Consejería de Justicia antes de la transferencia: “Sólo estaba preparada para la recepción de las transferencias y con determinado personal adscrito. Teníamos una especie de servidor departamental para la gestión del gasto, para la gestión de la contratación administrativa”. Después recogieron todo el despliegue de medios y de plataformas que el Ministerio de Justicia tenía en el ámbito territorial de Madrid. Roberto González confiesa que ahí el Ministerio fue “muy generoso”, porque teniendo en cuenta que en Madrid hay instituciones como el Tribunal Supremo, que es competencia de la Administración Central, podían haberles dejado desamparados. “Desgraciamente los medios eran un poco antiguos y un poco escasos. Así tenemos servidores prácticamente en todos los centros, servidores de aplicaciones y servidores de bases de datos, excepto probablemente en Plaza de Castilla que tiene una alta concentración de servidores grandes que nutren a todos los órganos judiciales que son propios de la competencia que cae en manos del Decano de Plaza de Castilla”, explica González. En la Comunidad de Madrid hay 40 sedes de órganos judiciales que dan cobertura a 270 municipios.
En cuanto a la red de datos, la heredada del Ministerio era frame relay a 64 Kb., pero han logrado migrar en un 80% a ADSL de 2 Mb. asimétrico. Esa red se une al punto neutro de la red de Justicia del Estado. En un par de meses la migración a ADSL se habrá completado. Fuera de la red quedan los juzgados de paz y otras atribuciones de los ayuntamientos; para esto tienen previsto conectar los ayuntamientos con la propia red de la Comunidad de Madrid a través de Internet.
“La idea es estar cercano a las necesidades de jueces, magistrados y empleados de la Administración de Justicia, y poner los medios materiales de nuevas tecnologías a su alcance”, dice Roberto González. Para ello el año pasado ICM convocó un concurso público de servicios de asistencia y soporte en los sistemas de información de la Consejería de Justicia. Se presentaron nueve compañías. Finalmente este contrato de dos años, prorrogable por otros dos, resultó adjudicado a Ibermática por un importe de 5,26 millones de euros. La prestación se inició en noviembre de 2003. Actualmente Ibérmática están dando servicio in situ en 25 sedes judiciales dentro de la Comunidad de Madrid: audiencias provinciales, Tribunal Superior de Justicia y juzgados, tanto en Madrid como en la periferia. También hay personal de Ibermática en los servicios centrales dentro del Centro de atención al usuario (CAU) en la sede de ICM.
Cuando elaboraron el pliego de bases del concurso en ICM tenían claros cuáles eran los elementos clave. “Es un colectivo que no se caracteriza por estar en la cresta de la ola de las últimas tecnologías. Tienen un problema de gestión diaria, necesitan apoyo permanente para que en su trabajo cotidiano se incorporen las nuevas tecnologías”, señala González. Además existía la dificiltad de adaptar la solución dada por el Ministerio para la gestión procesal a la realidad cotidiana de los empleados de Justicia en Madrid. “Sin el apoyo de todo el despliegue de formadores y de soporte a usuarios que hemos puesto en campo, hubiera sido un infierno”, dice González.
ICM adjudicó a Ibermática el contrato porque pensaron que su oferta cumplía con esos elementos clave. La oferta ganadora además incorporaba ciertos criterios empresariales de diseño de servicios excelentes, como es la encuesta de calidad o el web interno de satisfacción del cliente. Para Roberto González, Ibermática contaba con “una experiencia previa contrastada y valiosa, y las características de la oferta de servicios sintonizaba plenamente con la filosofía de servicios que este organismo tenía desplegada asimismo en los órganos administrativos”. Ibermática lleva más de quince años colaborando con el Gobierno Vasco en temas de justicia. También han empezado algunos proyectos en este mismo campo en Cataluña y en Andalucía.
A la hora de abordar la transferencia de competencias en materia de Justica, la Comunidad de Madrid decidió firmar un convenio con el Ministerio de Justicia. El objetivo era que las soluciones informáticas de gestión procesal estén albergadas en el marco de una estrategia común. De este modo, para González, “las energías gastadas por el Ministerio o por nosotros deben ser reaprovechables se frena la inercia de que cada comunidad tenga su propio sistema”. Varias comunidades autónomas han desarrollado sus propias aplicaciones de gestión procesal, casos de Canarias, País Vasco, Cataluña o Valenciana. En la Comunidad de Madrid se emplean las mismas aplicaciones que se usaban con el Ministerio: Libra y Minerva. Roberto González habla de estas dos soluciones: “Libra es un sistema de apoyo y ayuda a la gestión procesal que facilita automática y mecanizadamente el propio procedimiento de los juicios en las diferentes jurisdicciones”. Libra está hecho en un entorno de bases de datos tipo Oracle alfanumérico. “Minerva es el aprovechamiento para la estructura cliente/servidor con interfaces gráficos, y es más fácil de usar, pero al final es la misma filosofía”, resalta González. Está prevista una mejora de estas aplicaciones, de la que se beneficiarán tanto el Ministerio como la Comunidad autónoma.
Para que los usuarios se vayan acostumbrando, han decidido empezar por lo más fácil. “Así se empieza de una forma más agradable, sustituyendo las pantallas austeras por pantallas con entorno Windows (...) tienen las mismas aplicaciones, pero en un entorno más amigable”, apunta Marta Romaní, gerente de Ibérmática. El segundo paso es cambiar las aplicaciones por otras más modernas para trabajar a través de Internet.
Hay que tener en cuenta que el volumen judicial que se mueve en la Comunidad de Madrid es muy elevado. De hecho, el 70% de todos los juicios civiles se hacen en Madrid, porque es donde suelen estar radicadas las grandes empresas. El número de empleados de Justicia en esta Comunidad asciende a 6.509, y están repartidos en 40 sedes. Entre ellos hay oficiales de justicia, auxiliares, agentes, forenses y contratados laborales que están en la nómina de la Comunidad autónoma. Pero además están los magistrados, jueces, fiscales y secretarios judiciales que trabajan en órganos judiciales dentro de la jurisdicción territorial de la Comunidad de Madrid, cuyas nóminas las paga la Administración Central. Sin embargo, ICM les brinda servicios informáticos a todos. De hecho, este año ICM es
Roberto González, director de los Servicios Institucionales Informáticos de la Comunidad de Madrid comenta cómo eran las infraestructuras de la Consejería de Justicia antes de la transferencia: “Sólo estaba preparada para la recepción de las transferencias y con determinado personal adscrito. Teníamos una especie de servidor departamental para la gestión del gasto, para la gestión de la contratación administrativa”. Después recogieron todo el despliegue de medios y de plataformas que el Ministerio de Justicia tenía en el ámbito territorial de Madrid. Roberto González confiesa que ahí el Ministerio fue “muy generoso”, porque teniendo en cuenta que en Madrid hay instituciones como el Tribunal Supremo, que es competencia de la Administración Central, podían haberles dejado desamparados. “Desgraciamente los medios eran un poco antiguos y un poco escasos. Así tenemos servidores prácticamente en todos los centros, servidores de aplicaciones y servidores de bases de datos, excepto probablemente en Plaza de Castilla que tiene una alta concentración de servidores grandes que nutren a todos los órganos judiciales que son propios de la competencia que cae en manos del Decano de Plaza de Castilla”, explica González. En la Comunidad de Madrid hay 40 sedes de órganos judiciales que dan cobertura a 270 municipios.
En cuanto a la red de datos, la heredada del Ministerio era frame relay a 64 Kb., pero han logrado migrar en un 80% a ADSL de 2 Mb. asimétrico. Esa red se une al punto neutro de la red de Justicia del Estado. En un par de meses la migración a ADSL se habrá completado. Fuera de la red quedan los juzgados de paz y otras atribuciones de los ayuntamientos; para esto tienen previsto conectar los ayuntamientos con la propia red de la Comunidad de Madrid a través de Internet.
“La idea es estar cercano a las necesidades de jueces, magistrados y empleados de la Administración de Justicia, y poner los medios materiales de nuevas tecnologías a su alcance”, dice Roberto González. Para ello el año pasado ICM convocó un concurso público de servicios de asistencia y soporte en los sistemas de información de la Consejería de Justicia. Se presentaron nueve compañías. Finalmente este contrato de dos años, prorrogable por otros dos, resultó adjudicado a Ibermática por un importe de 5,26 millones de euros. La prestación se inició en noviembre de 2003. Actualmente Ibérmática están dando servicio in situ en 25 sedes judiciales dentro de la Comunidad de Madrid: audiencias provinciales, Tribunal Superior de Justicia y juzgados, tanto en Madrid como en la periferia. También hay personal de Ibermática en los servicios centrales dentro del Centro de atención al usuario (CAU) en la sede de ICM.
Cuando elaboraron el pliego de bases del concurso en ICM tenían claros cuáles eran los elementos clave. “Es un colectivo que no se caracteriza por estar en la cresta de la ola de las últimas tecnologías. Tienen un problema de gestión diaria, necesitan apoyo permanente para que en su trabajo cotidiano se incorporen las nuevas tecnologías”, señala González. Además existía la dificiltad de adaptar la solución dada por el Ministerio para la gestión procesal a la realidad cotidiana de los empleados de Justicia en Madrid. “Sin el apoyo de todo el despliegue de formadores y de soporte a usuarios que hemos puesto en campo, hubiera sido un infierno”, dice González.
ICM adjudicó a Ibermática el contrato porque pensaron que su oferta cumplía con esos elementos clave. La oferta ganadora además incorporaba ciertos criterios empresariales de diseño de servicios excelentes, como es la encuesta de calidad o el web interno de satisfacción del cliente. Para Roberto González, Ibermática contaba con “una experiencia previa contrastada y valiosa, y las características de la oferta de servicios sintonizaba plenamente con la filosofía de servicios que este organismo tenía desplegada asimismo en los órganos administrativos”. Ibermática lleva más de quince años colaborando con el Gobierno Vasco en temas de justicia. También han empezado algunos proyectos en este mismo campo en Cataluña y en Andalucía.
A la hora de abordar la transferencia de competencias en materia de Justica, la Comunidad de Madrid decidió firmar un convenio con el Ministerio de Justicia. El objetivo era que las soluciones informáticas de gestión procesal estén albergadas en el marco de una estrategia común. De este modo, para González, “las energías gastadas por el Ministerio o por nosotros deben ser reaprovechables se frena la inercia de que cada comunidad tenga su propio sistema”. Varias comunidades autónomas han desarrollado sus propias aplicaciones de gestión procesal, casos de Canarias, País Vasco, Cataluña o Valenciana. En la Comunidad de Madrid se emplean las mismas aplicaciones que se usaban con el Ministerio: Libra y Minerva. Roberto González habla de estas dos soluciones: “Libra es un sistema de apoyo y ayuda a la gestión procesal que facilita automática y mecanizadamente el propio procedimiento de los juicios en las diferentes jurisdicciones”. Libra está hecho en un entorno de bases de datos tipo Oracle alfanumérico. “Minerva es el aprovechamiento para la estructura cliente/servidor con interfaces gráficos, y es más fácil de usar, pero al final es la misma filosofía”, resalta González. Está prevista una mejora de estas aplicaciones, de la que se beneficiarán tanto el Ministerio como la Comunidad autónoma.
Para que los usuarios se vayan acostumbrando, han decidido empezar por lo más fácil. “Así se empieza de una forma más agradable, sustituyendo las pantallas austeras por pantallas con entorno Windows (...) tienen las mismas aplicaciones, pero en un entorno más amigable”, apunta Marta Romaní, gerente de Ibérmática. El segundo paso es cambiar las aplicaciones por otras más modernas para trabajar a través de Internet.
Hay que tener en cuenta que el volumen judicial que se mueve en la Comunidad de Madrid es muy elevado. De hecho, el 70% de todos los juicios civiles se hacen en Madrid, porque es donde suelen estar radicadas las grandes empresas. El número de empleados de Justicia en esta Comunidad asciende a 6.509, y están repartidos en 40 sedes. Entre ellos hay oficiales de justicia, auxiliares, agentes, forenses y contratados laborales que están en la nómina de la Comunidad autónoma. Pero además están los magistrados, jueces, fiscales y secretarios judiciales que trabajan en órganos judiciales dentro de la jurisdicción territorial de la Comunidad de Madrid, cuyas nóminas las paga la Administración Central. Sin embargo, ICM les brinda servicios informáticos a todos. De hecho, este año ICM es
