Administración y TI.
El discurso del Ministro de Administraciones Públicas en funciones, Juan Manuel Eguiagaray, con motivo del pasado TECNIMAP'93, fue seguido con singular interés por quienes, desde dentro o fuera del Sector Público, esperaban anuncios, tomas de posición o adopción de compromisos, que supusieran cambios sustanciales en la operativa informática que viene definiendo las pautas de la Administración. La prolija intervención del ministro, moderadamente política, fue correcta, y compensada. Su recorrido expositivo por los proyectos y acuerdos en los que está inmersa la Administración Central, estuvo complementado por la cita de acciones que podrían extenderse al resto de Administraciones Públicas, por las posibilidades de incrementar los índices de eficacia desde el ángulo estrictamente informático, y por el empeño de ofrecer más y mejores servicios al ciudadano.
Las Administraciones Públicas trabajan -o deben hacerlo- buscando la convergencia en un único objetivo final: conseguir el mayor cúmulo de atenciones al ciudadano para que éste se considere atendido, protegido y, consiguientemente, satisfecho. El cómo hacerlo, es responsabilidad exclusiva de las Administraciones y, su imprescindible base de sustentación, es la informática. La correlación entre recursos informáticos y grado de prestación de servicios públicos es grande, por lo que, teniendo en cuenta la obsolescencia y necesidad, además, de mantener el ritmo de los avances tecnológicos, el tipo y cuantía de las contrataciones debe hacerse con la máxima cautela.
La ineludible atención que la Administración Central, por ejemplo, presta a las inversiones informáticas hace que suministradores y usuarios estén muy pendientes de sus decisiones. Los primeros, para sintonizar de inmediato con los requerimientos de compra. Los segundos, para imitar procedimientos, si las cosas funcionan bien, o para buscar otros rumbos y alternativas, si la experiencia es nefasta. Por aquello de que la Administración es de todos, muchos son los que prefieren que se convierta en locomotora de innovaciones y experimentos y esperar los resultados para obrar en consecuencia. Consideran menos pernicioso que se equivoque ella -el coste económico no lo estiman, por proceder del patrimonio común- a que se vea afectado el sector privado. Se interpreta como un servicio más, a favor del contribuyente.
La preocupación por invertir bien la puso de manifiesto el señor Eguiagaray, al referirse al proceso de rentabilización del parque ya existente, y a la orientación del gasto hacia la adquisición de nuevos servicios tecnológicos de fuerte valor añadido. Mirando al futuro, señaló: Es precisamente en el ámbito de la relación y cooperación entre las Administraciones Públicas españolas, donde la modernización de los cauces de información y el desarrollo de proyectos comunes cuenta con mayores expectativas para situar el entramado administrativo español en una verdadera posición competitiva. Agregando que el horizonte no puede ser otro que la construcción de una estructura informática homologada y compatible para todas las Administraciones Públicas. Un conjunto de sistemas y redes públicos, acordes con la Decisión 87/95 de la CEE, relativa a la normalización en el campo de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones.
Ahora, sólo hay que esperar que las ideas, impregnadas presumiblemente de buenas intenciones, se vean acompañadas por los hechos. Mientras tanto, la Administración sigue aportando argumentos que demuestran que, paralelamente a la incorporación de mejoras de servicios públicos, también se ocupa de la problemática de aquellos a quienes compra. A un alto cargo del Ministerio para las Administraciones Públicas, le hemos oído decir, en público, cosas como las siguientes: La Administración, en el caso de los Estados Unidos, no pone suficiente énfasis en el rendimiento en el pasado, ello reduce el incentivo del contratista a hacer las cosas bien. En el caso de España, también tenemos que poner más énfasis como criterio de adjudicación en lo que se ha hecho previamente por parte del suministrador. Hay otra aspiración que tienen en Estados Unidos: debe reducirse el tiempo requerido para realizar una compra, y para ello incluso proponen que el proceso de compras esté apoyado en la propia tecnología y se utilicen los propios sistemas y Tecnologías de la Información para facilitar esta reducción en el tiempo de los procesos de compra. Debe ponerse más énfasis en la realización de pruebas de eficiencia, en la realización de benchmarks. Las pruebas en real deben reducirse a los licitadores con posibilidades de obtener la adjudicación, para así reducir los costes. A veces nos encontramos, efectivamente, que se hacen pruebas reales a un amplio número de licitadores. Es una aspiración de la industria que no les hagamos incurrir en costos cada vez más amplios a la hora de preparar estas propuestas, y por eso parece una medida razonable el que esas pruebas reales se reduzcan a aquellos licitadores que tienen posibilidades de obtener la adjudicación.
A los suministradores les agradaría que, además, la Administración tomara conciencia de los graves problemas que ocasiona demorando exageradamente sus pagos, y rectificara de inmediato. ¿Por qué no?