El pacto entre Microsoft y el Gobierno de EE.UU. recibe el sí

Cuatro años después de que el Departamento de Justicia y diecinueve estados norteamericanos demandaran a Microsoft por incumplir sus leyes antimonopolio y comenzara uno de los casos más largos y sonados protagonizado por una compañía de informática, parece que la historia ha llegado a su fin. El 1 de noviembre, Colleen Collar-Kotelly, la jueza encargada del sumario decidió aprobar el acuerdo firmado entre el gigante del software y el Gobierno de EE.UU. (concretamente, por su Departamento de Justicia), al que posteriormente se unieron los fiscales de nueve de los dieciocho estados que demandaron a la compañía fundada por Bill Gates. La sentencia prácticamente no modifica los principales términos del citado pacto, excepto en la prolongación del tiempo del que dispone la compañía para informar a sus competidores la tecnología que integrará en sus sistemas operativos (cinco años).

La sentencia ha sido bien acogida por Microsoft, cuyo fundador, Bill Gates, la ha tildado de “dura pero justa” y ha incidido en la idea de que permite a la compañía “seguir innovando”. Por su parte, el fiscal general del Departamento de Justicia de EE.UU., John Ashcroft, ha señalado que esta decisión “es una gran victoria para los consumidores y las empresas que pueden beneficiarse indirectamente de los términos del acuerdo”.
El fallo, que apenas modifica los términos del pacto firmado hace casi un año, endurece algunos aspectos y suaviza otros, como el hecho de que no supervise las prácticas empresariales de la empresa un comité independiente, sino miembros de su consejo de dirección. La sentencia prohíbe que la compañía emprenda represalias contra los fabricantes de PCs o desarrolladores independientes de software (ISVs) que quieran “desarrollar, distribuir, promocionar, utilizar, vender o licenciar cualquier software que compita con la plataforma Microsoft o cualquier producto o servicio de middleware (software para navegar por la Web, de mensajería instantánea y para ejecutar archivos de música y vídeo, entre otros) que no sea de Microsoft”. Asimismo, la compañía tampoco podrá tomar represalias contra las empresas que vendan PCs que integren un sistema operativo Windows junto a otro de otra compañía. Por otra parte, deberá informar por escrito y con 30 días de antelación cuando vaya a finalizar un contrato de licencia, así como explicar por qué y aplicar condiciones uniformes a su política de licencias.
Además, cuando se lance Windows XP Service Pack 1 o tres meses después del veredicto, la compañía debe brindar a los desarrolladores de informática y los usuarios finales la posibilidad de implantar y poder quitar el middleware de Microsoft a través de iconos o entradas del menú.
Sin embargo, Microsoft no tiene que informar o licenciar APIs (interfaces de programación de aplicaciones) o de protocolos de comunicaciones si éstos comprometen la seguridad de los sistemas utilizados como antipiratería, , antivirus, licencia de software, gestión de los derechos digitales, encriptación o autenticación.
Desde la firma del pacto, la compañía ya ha tomado ciertas medidas para que no se la acuse de monopolio. Como señala Pepe Romero, director de comunicación de Microsoft Ibérica, la compañía está formando a 10.000 empleados para que se cumpla el acuerdo, está uniformizando la forma en la que se dan las licencias, informa más sobre su tecnología a terceras partes y ya es más sencillo el proceso para que los fabricantes eliminen el middleware de Microsoft y se promuevan otras tecnologías.

Europa también investiga
Sin embargo, los litigios no han acabado del todo para Microsoft. Al menos en la Unión Europea, cuyas autoridades antimonopolio mantienen abierta una investigación para determinar si la compañía realiza prácticas monopolísticas por integrar su navegador y su programa Media Player con su sistema operativo. Según Romero, “se trata de dos casos diferentes e independientes entre sí. Nosotros seguiremos intentando llegar a un acuerdo con la UE”.

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