El Gobierno encarga la revisión de Info XXI a una comisión de expertos
El Ejecutivo ha encomendado a una Comisión especial de expertos el análisis de la problemática asociada a la fallida implantación de la Sociedad de la Información, en un intento por zafarse de las numerosas críticas recibidas por el Plan Info XXI.
El próximo 27 de noviembre quedar constituida la Comisión Especial de Estudio sobre el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Se trata de un equipo interdisciplinar integrado por personas de reconocido prestigio en el ámbito universitario, profesional, tecnológico y empresarial. Al frente de la Comisión se sitúa Juan Soto Serrano, quien combinará el impulso a la investigación e innovación tecnológica al amparo de Info XXI, con la presidencia honorífica de Hewlett Packard. El organismo ha quedado configurado en base a las designaciones del Consejo de Ministros, a propuesta del ministerio de Ciencia y Tecnología. El ministerio tendrá en el director general para la Sociedad de la Información, Leopoldo González-Echenique, a su representante, como secretario operativo. Entre los vocales destacan María Belén Amatriain, presidenta y consejera delegada de Telefónica Publicidad e Información; Jesús Banegas Núñez, presidente de Aniel; Gabriel Ferraté i Pascual, rector de la Universidad Oberta de Catalunya; Juan Pi Llorens, vicepresidente de la división de Servicios Financieros de IBM para EMEA; John de Zulueta, consejero delegado de Sanitas, hasta un total de nueve.
Fuentes del ministerio aseguran que “la crisis creada por la divergencia de ritmos entre las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información, por un lado, y, por otro, la implantación de las mismas, tanto a nivel comercial como en los hábitos de vida de la sociedad en general, ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar este cambio a partir de una base social más amplia en la que deben tener especial consideración las pequeñas y medianas empresas”. Sobre esta idea, la comisión de expertos, analizará el grado de implantación de la SI en España en comparación con los países de la Unión Europea y Estados Unidos, las principales barreras para su consolidación, la problemática específica de las pymes y las infraestructuras de comunicaciones necesarias.
Los miembros de la Comisión entienden el alcance de la responsabilidad que han asumido al participar en este proyecto y esperan contribuir con su conocimiento, en la medida de lo posible, al establecimiento de una Sociedad de la Información que sitúe a España en una posición de liderazgo no sólo tecnológico sino social y económico.
La comisión tiene un plazo de cuatro meses para presentar sus conclusiones y recomendaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología que serán elevadas al Consejo de Ministros, de cara a establecer las medidas de actuación pertinentes.
Fuentes del ministerio aseguran que “la crisis creada por la divergencia de ritmos entre las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información, por un lado, y, por otro, la implantación de las mismas, tanto a nivel comercial como en los hábitos de vida de la sociedad en general, ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar este cambio a partir de una base social más amplia en la que deben tener especial consideración las pequeñas y medianas empresas”. Sobre esta idea, la comisión de expertos, analizará el grado de implantación de la SI en España en comparación con los países de la Unión Europea y Estados Unidos, las principales barreras para su consolidación, la problemática específica de las pymes y las infraestructuras de comunicaciones necesarias.
Los miembros de la Comisión entienden el alcance de la responsabilidad que han asumido al participar en este proyecto y esperan contribuir con su conocimiento, en la medida de lo posible, al establecimiento de una Sociedad de la Información que sitúe a España en una posición de liderazgo no sólo tecnológico sino social y económico.
La comisión tiene un plazo de cuatro meses para presentar sus conclusiones y recomendaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología que serán elevadas al Consejo de Ministros, de cara a establecer las medidas de actuación pertinentes.
