La polémica sobre la retención de datos entre los ISPs europeos se reabre

Mientras la UE sigue trabajando en el intento de establecer unas normas comunes para regular la retención de datos de navegación en los ISPs y los operadores, el debate entre los eurodiputados se reabre al considerar que éstas pueden afectar seriamente las libertades civiles de los ciudadanos europeos.

En esta ocasión ha sido el eurodiputado italiano Marco Capato el que ha levantado la voz de alarma al considerar que las normas sobre las que está trabajando la UE no sólo pueden suponer un atentado contra las libertades civiles de los europeos sino que además no son un método efectivo para combatir el terrorismo y la utilización de la Red en actos criminales. Según Capato, la lectura que la UE está haciendo de las opiniones de los analistas de seguridad tras los atentados del 11 de septiembre no está siendo considerada ya que éstos apuntaban a errores en los cuerpos de inteligencia y no a errores en la retención de datos, aspecto al que la UE ha dado mayor importancia. “Lejos de brindar mayor seguridad a los ciudadanos, este movimiento está centrando sus recursos y sus energías en incrementar a actividad de los cuerpos de inteligencia” controlando el e-mail y las llamadas de teléfono de los ciudadanos con el riesgo de erosionar sus libertades civiles.

Sin embargo, frente a la denuncia de Capato, la presidencia danesa en la UE que tiene como uno de sus cometidos, heredado de la presidencia belga, la creación de un texto que podría establecer las bases para la elaboración de leyes nacionales sobre retención de datos, asegura que en el último borrador del proyecto hace mención en numerosas ocasiones a la necesidad de proteger los derechos civiles de los ciudadanos y respetar los Derechos Humanos, además especifica que el acceso a los datos debe estar precedido de una orden judicial. Asimismo, los responsables de la elaboración del texto están en contacto con los ISPs europeos a fin de determinar el coste que para éstos supone la retención de datos y están en conversaciones con ellos para poder ver la situación desde su punto de vista, por tanto, concluyen, “el acercamiento es más animado, transparente y analizado que antes”.

No obstante y a pesar de que las líneas estratégicas se dirigen hacia esta dirección no todos los países miembros están de acuerdo con practicar la retención de datos en sus fronteras, según una encuesta realizada por el Consejo Europeo entre los 15. Entre los países que apoyan la decisión se encuentra Finlandia que además pretende que la obligación de retener los datos se establezca por un periodo mínimo de dos años, seguido de Reino Unido, Francia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Grecia, Portugal, Suecia y España que recientemente ha puesto enmarca la LSSICE, ley en la que se contempla la retención durante un año. Entre los países menos dispuestos se encuentra Dinamarca a pesar de estar llevando a cabo el proyecto durante su presidencia, y Austria y Alemania son los dos únicos países que han expresado sus dudas sobre la efectividad de esta medida.

UE: http://europa.eu.int

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