Uso de la vía electrónica por parte del ciudadano

La Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que provocó gran cantidad de comentarios antes de su entrada en vigor el 1 de enero de 2010, sigue aún suscitando opiniones, durante los meses transcurridos del presente año, pero centradas estas últimas sobre el nivel de respuesta que es capaz de dar en estos momentos la Administración General del Estado (AGE) a los requerimientos de los ciudadanos, y al grado de implicación de éstos en utilizar las innegables ventajas que les reporta la citada ley. Desde la AGE –conscientes los máximos responsables de la conveniencia de culminar un amplio proyecto de facilidades para los ciudadanos reiteradamente recordado a bombo y platillo– sí están dando muestras de querer cumplir los objetivos, como lo demuestra que la vicepresidenta primera del Gobierno y la secretaria de Estado de la Función Pública hayan solicitado un informe sobre los último flecos que quedan pendientes y los órganos responsables, así como una planificación final que defina con claridad la fecha límite para concluir los trabajos de adaptación. Intención que queda avalada por el anuncio que se hizo en el acto inaugural del último Tecnimap avanzando que, para el próximo mes de julio, la totalidad de los procedimientos admitirían su tramitación electrónica.
Desde el lado ciudadano sólo unos pocos –un número incomprensiblemente pequeño según los resultados de la observación llevada a cabo por la AGE– se muestran activos por querer utilizar y rentabilizar la vía electrónica, llegando a promover una pregunta parlamentaria orientada a sociedades y organismos estatales respecto a fecha de disponibilidad, y motivos de retraso, respecto a lo previsto en la Ley 11/2007. La mayoría de los ciudadanos no es consciente, todavía, de las múltiples facilidades que le proporciona la ley para resolver asuntos con la AGE. Es una situación fácilmente contrastable, que se debería tratar de corregir cuanto antes desde la AGE. Resultaría incomprensible que una ley con tantas pretensiones, tuviera corta cobertura informativa en su aplicación. Para optimizar su aprovechamiento, tendrán que pensar en la AGE en un amplio plan de divulgación capaz de informar y sensibilizar a todos los ciudadanos ya que, por unas cosas o por otras, todos pueden encontrar un buen cauce para resolver problemas.