Un fenómeno

Está en marcha la creación de la figura del Defensor del usuario de la administración electrónica, en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), que estará integrado en el Ministerio de la Presidencia, dependiendo directamente de la Secretaría de Estado para la Función Pública. Según el Real Decreto, de próxima publicación, será elegido “entre personas de reconocido prestigio en la materia que corresponde al ejercicio de sus funciones”, siendo nombrado por acuerdo del Consejo de Ministros. Los objetivos que se le asignan son de extenso recorrido, y es prolija la relación de sus funciones, en donde debe multiplicar su actividad al máximo para poder responder eficazmente en la recepción y supervisión de quejas y sugerencias; su tramitación; formulación de propuestas, sugerencias o recomendaciones; asesoramiento a superiores; elaboración de informes; o “cualquier otra función que redunde en el mejor conocimiento y en la defensa de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la AGE y las entidades públicas dependientes o vinculadas a ella”. Habrá que suponer que esto último lo hará en los ratos libres. Porque, o todo lo que tiene que hacer es mucho menos de lo que cabe deducir leyendo el articulado del RD o, si realmente la carga de trabajo va a ser muy grande, no se entiende en absoluto que a todo un fenómeno-- por los requisitos que tiene que cumplir para optar al puesto y por la capacidad de trabajo que tiene que desarrollar—se le asigne el rango de Subdirector general. Otra muestra más de la cicatería del Ejecutivo al asignar rangos en determinados temas, cuando en otros es tan generoso. ¿Incongruencia o camelo?