Tiempo de rumores
Se comprende que, dentro del lógico temor de los proveedores de ver reducidas sus facturaciones, éstos miren a la Administración Pública como recurso salvador a su recorte de ventas en otros sectores. Y en ese comprensible impulso por conseguir en el sector público una parte paliativa de lo que dejan de ingresar desde el sector privado estimen que puede resultar rentable denunciar decisiones de estrangulamiento de contrataciones, que dan por consensuadas y aprobadas desde las más altas instancias del Ministerio de Economía y Hacienda. El supuesto fin sería llamar la atención dentro del Ejecutivo sobre decisiones inconcebibles que tanto dañarían los intereses de los proveedores y, consiguientemente, de sus trabajadores. Sin embargo, por lo que respecta a las contrataciones que afectan a nuestro sector –siempre referidas al ámbito de la Administración Pública– no se aprecian ni drásticas cancelaciones de contratos, ni requisamientos de presupuestos disponibles, ni prohibiciones de contratar por encima de una determinada cantidad, ni intenciones de agarrarse a supuestos delirantes, para declarar desiertos los concursos pendientes de adjudicación. Puede darse algún caso aislado sobre gestión de recursos presupuestarios donde los pasos dados para realizar una adjudicación de contrato no se signifiquen precisamente por su ortodoxia, pero, desgraciadamente, este tipo de comportamientos, incluso en épocas de economía boyante, parecen inevitables. Si un rumor se convierte en noticia desagradable para los proveedores de nuestro sector, entonces sí habrá llegado el momento de movilizar recursos y habilitar estrategia para intentar neutralizar el posible disparate.