Reciclaje de materiales informáticos
Las innovaciones tecnológicas aceleran el proceso de sustitución de los equipos informáticos. Para proteger el medio ambiente, la gestión de los componentes nocivos debe responder a reglas precisas. Los gobiernos a través de sus políticas pueden incentivar a los fabricantes para que eliminen materiales y productos que no sean reutilizables, reciclables. Hoy se requiere una separación rigurosa de los materiales desechados para facilitar su recuperación como recurso y su reutilización por parte de la industria.
En Europa, ya están apareciendo legislaciones que recogen la responsabilidad del productor. La Directiva sobre Residuos de Equipamientos Eléctricos y Electrónicos de la UE establece porcentajes elevados de reutilización y reciclaje y excluye el uso de materiales tóxicos. De todos los sectores industriales, el de la producción de equipamientos eléctricos y electrónicos es el que experimenta mayor crecimiento. Las innovaciones tecnológicas y la expansión del mercado aceleran el proceso de sustitución. Esta evolución tiene como consecuencia un aumento de los residuos de equipamientos eléctricos y electrónicos (REEE). El artículo 175 del tratado de Maastrich de 1992, destinado a la protección del medio ambiente, obliga a las empresas que poseen material informático a gestionar sus REEE según reglas precisas. Existen tres categorías de REEE: los banales, los especiales y los finales. Los dos primeros (impresoras, unidades centrales, teclados, pantallas y pilas) representan el 93% de los componentes y deben seguir un recorrido específico de reciclaje, denominado valorización. En cuanto a los finales, éstos pueden ir directamente al vertedero. En la práctica, no siempre se respeta la normativa de 1992. La mayoría de los REEE van al vertedero, son incinerados o recuperados sin ningún tratamiento previo y una importante cantidad de materiales no se valoriza.
Gracias a una directriz europea se pretende reforzar la normativa implicando a empresas y fabricantes. La eliminación del material informático obsoleto debe atender a reglas precisas.
Por el momento, la empresa que posee el material es responsable de todos sus residuos hasta su eliminación. Esta responsabilidad está regida por dos leyes. La primera es la de 1975 que establece que “todo productor de REEE debe encargarse de su eliminación, en condiciones adecuadas para evitar efectos que puedan ser nocivos para la salud y el medio ambiente”. La normativa de 1992 va más lejos ya que precisa y define la valorización y prohíbe llevar al vertedero REEE que no sean denominados finales. De ello resulta la necesidad de que los componentes informáticos pasen por una operación de desmantelamiento. Además, existe un texto que trata especialmente sobre los embalajes y las baterías que indica cómo las empresas deben recurrir a una sociedad externa dedicada al reciclaje de este tipo de material. Si no se respetan las consignas, la empresa que posee el material podría ser multada con 7.600 euros. Además, si el incumplimiento de la ley se refiere a materiales especiales, puede aplicarse una sanción penal.
En la actualidad, la empresa debe asumir el coste de eliminación y de valorización de los materiales informáticos obsoletos, excepto en el caso de que la empresa alquile su material, pues queda así exenta de esta función de reciclaje. Otras vías para escapar a la tarea de reciclaje son recurrir a una empresa especializada en la eliminación de material; vender el material a un broker; venderlo al personal de la propia empresa; o donarlo a asociaciones o a los centros municipales de educación.
En el futuro, la gestión y el coste de los REEE correrán a cargo de los fabricantes. Lo que todavía no sabemos es cómo repercutirá este coste (probablemente aumentará el precio de venta del material), y tampoco cómo los fabricantes gestionarán el aspecto logístico (la recuperación del material del cliente). Podría ocurrir que, al igual que en Estados Unidos, los fabricantes indiquen en sus precios públicos el precio de venta más la parte del precio relativa al reciclaje. El coste de reciclaje de ordenador oscila entre el 1 y el 3% de su precio de compra, según quién efectúe la operación.
Frédéric Ben Nouioua, responsable de logística de ECS
En Europa, ya están apareciendo legislaciones que recogen la responsabilidad del productor. La Directiva sobre Residuos de Equipamientos Eléctricos y Electrónicos de la UE establece porcentajes elevados de reutilización y reciclaje y excluye el uso de materiales tóxicos. De todos los sectores industriales, el de la producción de equipamientos eléctricos y electrónicos es el que experimenta mayor crecimiento. Las innovaciones tecnológicas y la expansión del mercado aceleran el proceso de sustitución. Esta evolución tiene como consecuencia un aumento de los residuos de equipamientos eléctricos y electrónicos (REEE). El artículo 175 del tratado de Maastrich de 1992, destinado a la protección del medio ambiente, obliga a las empresas que poseen material informático a gestionar sus REEE según reglas precisas. Existen tres categorías de REEE: los banales, los especiales y los finales. Los dos primeros (impresoras, unidades centrales, teclados, pantallas y pilas) representan el 93% de los componentes y deben seguir un recorrido específico de reciclaje, denominado valorización. En cuanto a los finales, éstos pueden ir directamente al vertedero. En la práctica, no siempre se respeta la normativa de 1992. La mayoría de los REEE van al vertedero, son incinerados o recuperados sin ningún tratamiento previo y una importante cantidad de materiales no se valoriza.
Gracias a una directriz europea se pretende reforzar la normativa implicando a empresas y fabricantes. La eliminación del material informático obsoleto debe atender a reglas precisas.
Por el momento, la empresa que posee el material es responsable de todos sus residuos hasta su eliminación. Esta responsabilidad está regida por dos leyes. La primera es la de 1975 que establece que “todo productor de REEE debe encargarse de su eliminación, en condiciones adecuadas para evitar efectos que puedan ser nocivos para la salud y el medio ambiente”. La normativa de 1992 va más lejos ya que precisa y define la valorización y prohíbe llevar al vertedero REEE que no sean denominados finales. De ello resulta la necesidad de que los componentes informáticos pasen por una operación de desmantelamiento. Además, existe un texto que trata especialmente sobre los embalajes y las baterías que indica cómo las empresas deben recurrir a una sociedad externa dedicada al reciclaje de este tipo de material. Si no se respetan las consignas, la empresa que posee el material podría ser multada con 7.600 euros. Además, si el incumplimiento de la ley se refiere a materiales especiales, puede aplicarse una sanción penal.
En la actualidad, la empresa debe asumir el coste de eliminación y de valorización de los materiales informáticos obsoletos, excepto en el caso de que la empresa alquile su material, pues queda así exenta de esta función de reciclaje. Otras vías para escapar a la tarea de reciclaje son recurrir a una empresa especializada en la eliminación de material; vender el material a un broker; venderlo al personal de la propia empresa; o donarlo a asociaciones o a los centros municipales de educación.
En el futuro, la gestión y el coste de los REEE correrán a cargo de los fabricantes. Lo que todavía no sabemos es cómo repercutirá este coste (probablemente aumentará el precio de venta del material), y tampoco cómo los fabricantes gestionarán el aspecto logístico (la recuperación del material del cliente). Podría ocurrir que, al igual que en Estados Unidos, los fabricantes indiquen en sus precios públicos el precio de venta más la parte del precio relativa al reciclaje. El coste de reciclaje de ordenador oscila entre el 1 y el 3% de su precio de compra, según quién efectúe la operación.
Frédéric Ben Nouioua, responsable de logística de ECS
