Punto de inflexión en la contratación pública de bienes y servicios TIC

La nueva normativa afecta a los contratos realizados a través del Catálogo

Desde el pasado 1 de enero, toda contratación de bienes y servicios informáticos que se realice a través del Catálogo de la Subdirección General de Compras, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, no podrá superar los 159.191,44 euros. Ésta es una de las consecuencias de la nueva normativa que afectará tanto a proveedores como a gestores TIC de la Administración Pública.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 ha modificado el artículo referido a las contrataciones públicas de bienes y servicios informáticos. Según esta nueva imposición, todo contrato que se realice desde el comienzo del presente año –a través del Catálogo de la Subdirección General de Compras, de la Dirección General del Patrimonio del Estado– no podrá superar los 159.191,4 euros, IVA incluido. De acuerdo con la nueva norma, todo aquel que supere esta cifra tendrá que realizarse mediante concurso.
Esta modificación regulará el procedimiento de adquisición centralizada hasta la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, actualmente en tramitación. Según la ley, “se declaran de contratación centralizada, en cualquiera de las modalidades previstas por el artículo 171 del mencionado texto refundido, los contratos de suministro de los bienes de uso común en la Administración General del Estado de cuantía inferior a los importes señalados en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio”.
En base a las palabras del texto, dicha limitación se traduce para dar cumplimiento a la sentencia del 13 de enero de 2005 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en la que se establece “la inadecuada transposición de la Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro, por la incorporación de un supuesto de recurso al procedimiento negociado sin publicidad no contemplado en dicha Directiva”. Según fuentes de la Dirección General del Patrimonio del Estado, esta nueva orden no es más que una adaptación “a una directiva de la Unión Europea y sólo afecta a la contratación de suministros informáticos, no servicios”.
Para muchos, esta ley puede generar ciertas dudas e incertidumbres, tanto a los gestores TIC de la Administración Pública como a los proveedores ya que no hace sino retrasar el proceso de adquisición de los equipos. Según fuentes de la industria, “si bien entendemos que España estaba obligada a trasladar la directiva Europea en relación a la transparencia de las adquisiciones públicas, hubiera sido menos disruptivo una extensión de las normas anteriores de funcionamiento del Catálogo por al menos 6 meses, para permitir a los diferentes entes administrativos adecuar sus estrategias de adquisiciones a la nueva realidad legal”.
El Catálogo al que se hace referencia continuamente es el conjunto de bienes y servicios que pueden ser contratados por todos los centros incluidos en el sistema, a través de la Subdirección General de Compras de la Dirección General del Patrimonio del Estado. Actualmente el catálogo cuenta con más de 70.000 productos entre principales y complementos, más de 350 empresas, más de 2.200 usuarios y más de 800 millones de euros de tramitación anual.

Adiós al papel
Otro de los aspectos importantes de la futura Ley de Contratos del Sector Público, contemplado en su proyecto de ley, aprobado en septiembre de 2006, es la inclusión del concepto de “apagón de la factura en papel” en nuestro país. En su artículo 309, que regula la plataforma de contratación del Estado, se hace hincapié en la posibilidad de dar publicidad a través de Internet a las convocatorias de licitaciones y sus resultados. Además, en la disposición novena se marca el año 2008, para la Administración General del Estado; y 2009, para las administraciones autonómicas, como fecha límite para el uso obligatorio de la factura electrónica en el sector público. Éste es otro de los elementos ante el cual tendrán que estar preparados los proveedores si quieren seguir jugando el mismo papel ante las administraciones. Para ello, tendrán que llevar a cabo procesos de automatización de facturas y contar con las plataformas adecuadas para su emisión.


Productos TIC y sus complementos incluidos en la nueva orden
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• Ordenadores (equipos de tratamiento de información).
• Equipos de impresión y sus complementos.
• Equipos y programas de telecomunicación para la transmisión de voz y datos.
• Equipos de seguridad electrónica.
• Servicios de informática y alojamiento web relacionados con la implantación de la Administración Electrónica.


¿Qué es la subdirección general de compras?
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Encuadrada en la Dirección General del Patrimonio del Estado, es la responsable de la gestión y funcionamiento del Sistema de Adquisición Centralizada de bienes y servicios de utilización común (S.A.C.) y de las adquisiciones que, en relación con los equipos y sistemas para el tratamiento de la información, son competencia de dicha Dirección General. Por su parte, el sistema de adquisición centralizada es un modelo de contratación específico de bienes y servicios que por sus especiales características son susceptibles de ser utilizados con carácter general por todos los departamentos. Son los denominados bienes y servicios de utilización común.

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