Promoción del software legal
La Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la Información (SEDISI), ha celebrado recientemente en Madrid una sesión informativa sobre repercusiones de la nueva Ley de Protección Jurídica de los Programas de Ordenador, dirigida a los responsables informáticos de la Administración Central en la que han intervenido también, como ponentes, significativos altos cargos de éste ámbito relacionados con el tema. El acierto de la convocatoria estuvo acentuado por la respuesta de la audiencia en la que, aun predominando los funcionarios implicados en organizaciones informáticas, fue considerable el número de asistentes pertenecientes a empresas comercializadoras de software. El hecho en sí constata la simbiosis comprensiva, ante el problema de la piratería, de los argumentos de usuarios y vendedores.
Hay que reconocer el acierto de SEDISI y BSA (Business Software Alliance) para organizar una campaña de información y mentalización que sea capaz de crear una opinión de rechazo y ambiente denostador ante las prácticas de plagio sistemático. Es la fase para, sobrados de razones, emprender enérgicas y contundentes acciones judiciales con el amparo de la Ley, como ya advertíamos en el editorial del número 562 de nuestro semanario: Ahora, con las bazas a su favor, sí deben dosificarse las medidas a emprender. La primera, insoslayable, informar adecuadamente a los usuarios de las consecuencias -de todo tipo- que puedan sobrevenirles si vulneran la legalidad vigente en la utilización del software. Pasado un tiempo estimado como suficiente para que el usuario reaccione, es el momento de aplicar rigurosamente la Ley, incluso contra un grupo previamente seleccionado, para que la repercusión sea mayor. Pero antes de dar este paso, prudencia hasta agotar todos los recursos para formalizar acuerdos y cargarse de razones para aplicar la siempre desagradable vía judicial. La campaña, realizada por SEDISI y patrocinada mayoritariamente por BSA -con presupuesto que supera los 25 millones de pesetas- se alargará hasta el próximo verano, incluyendo entre los colectivos a los que se dedicarán sesiones de formación, los de policía, jueces e inspectores de Hacienda. La tarea de concienciación, minuciosamente elaborada y aparentemente bien orquestada, ha contado con la experiencia de acciones similares desarrolladas en el extranjero, procurando no dejar resquicio alguno a posteriores improvisaciones.
Si tomamos como referencia el ambiente y cauces en que se desenvolvió la jornada dedicada a la Administración -y no hay indicios razonables para pensar de otra manera- los alegatos, invectivas y el casi juicio popular contra la piratería, tienen que traducirse, inexorablemente, en buenos resultados en la disuasión de los habituales copiadores. Porque, además, SEDISI distribuye una Guía para la Gestión del Software que alertará a los usuarios sobre medidas internas y externas a adoptar para controlar, lo más exhaustivamente posible, el ciclo de utilización de los paquetes adquiridos, así como el abanico de consultas y estudios previos en los que basar las adquisiciones para ajustarlas a las necesidades reales, con la consecuencia inmediata, siguiendo estos pasos, de poder ahorrar dinero.
La justificación para la copia desaforada del software se viene basando, esencialmente, en la vigencia de unos precios considerados excesivamente altos. Esta elocuente realidad ha sufrido últimamente una transformación importante, por la diversidad de fórmulas alternativas que las empresas han ingeniado para presentar ofertas a la baja susceptibles, además, de poderse negociar. Con buena voluntad, actualmente pueden firmarse acuerdos que dejen satisfechas a ambas partes con la ventaja adicional, cuando se trata de grandes cuentas, de tener la certeza de obtener precios extraordinariamente ventajosos. En estas condiciones ¿Por qué arriesgarse? En la Administración, gran colectivo de usuarios, se han empezado a adoptar medidas que, previsiblemente, van a generalizarse con rapidez. La inspección periódica y aleatoria de un determinado número de usuarios, dirigida por un responsable cualificado nombrado al efecto, puede dar notables resultados si, al principio, se castiga a los infractores de forma ejemplarizante. Hay que aprovechar la inercia de un cambio de actitud bienintencionado.
