Nuevos derechos para los ciudadanos y un desafío organizativo para la Administración. Desayunos ComputerWorld: Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos
La aprobación de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos dibuja un nuevo escenario para las Administraciones Públicas. El objetivo de la nueva norma es conseguir una Administración más accesible, ágil y transparente a través de las nuevas tecnologías, para lo cual impone unos exigentes plazos a todo el cuerpo administrativo estatal para el cumplimiento de todos sus puntos.
La Administración General del Estado (AGE) tiene de plazo hasta 31 de 2009 para adaptarse a la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, aprobada a principios del pasado verano. Para el resto de niveles administrativos el plazo se amplía hasta 2012.
La nueva ley persigue universalizar el acceso electrónico a los servicios públicos –algo que se reconoce como un derecho de los ciudadanos– y conseguir una plena coordinación entre administraciones que facilite la comunicación entre y con éstas.
¿Son alcanzables los plazos establecidos para la puesta en funcionamiento de la ley? ¿Están las administraciones preparadas para afrontar unos mayores niveles de coordinación y colaboración? Y el ciudadano: ¿está éste preparado para beneficiarse de las ventajas que ofrece el acceso electrónico a la Administración? Éstas fueron algunas de las preguntas que se plantearon y a las que se intentó buscar respuesta a lo largo de una mesa redonda organizada por ComputerWorld y que reunió a algunos de los máximos responsables informáticos de la función pública española, junto a Jaime García, director de análisis de IDC y Jesús Garrán, vicepresidente de Capgemini.
Marco conjunto
Fernando de Pablo, jefe del departamento de Gestión de Medios y Recursos de la Agencia Tributaria (AEAT), consideró que lo más positivo de esta ley es que establece un marco claro para la actuación conjunta de todas las administraciones. Además, felicitó al Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) por lo rápido que se ha elaborado y tramitado esta ley. “Viene en el momento adecuado”, aseguró.
Juan Miguel Márquez, director general de Modernización Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas, destacó el gran cambio cultural que supone esta ley: “Tendrá que cambiarse la informática orientada al dato a otra orientada al procedimiento”.
Para Manuel Martínez Ruiz, subdirector general de Información al Ciudadano y Servicios Tecnológicos del Ministerio de Medio Ambiente, con esta ley, “el ejecutivo se ha impuesto un nivel de exigencia superior a lo que los ciudadanos demandan”. Este directivo destaca el deber de colaboración e intercambio por parte de la Administración Pública que tiene que estar “al servicio del ciudadano”. Jaime García, de IDC, sin embargo, no está de acuerdo con la afirmación de que la ley da más de lo que la ciudadanía exige –“los ciudadanos exigen muchas cosas”–. No obstante, la valora muy positivamente: “Es una de las pocas leyes que parte de un derecho del ciudadano y no de una obligación”.
Plazos
Una de las principales cuestiones debatidas fue la de los plazos con los que trabaja esta ley, considerados por muchos como demasiado ambiciosos. Es el caso de Santos Mañes, director de informática del Centro de Planificación Estratégica de la Seguridad Social, que teme que su organismo no pueda cumplir toda la ley en plazo y como mucho llegue al 80% de cumplimiento para la fecha prevista.
“El efecto 2000 es un chubasco en comparación con el diluvio universal que supone esta ley que implica el cambio de todos los aplicativos”, asegura Mañes, que considera que la ley plantea algunos problemas de tipo jurídico donde se habla de la comunicación de datos; algo que, según dice, “casa mal con la Ley de Protección de Datos”.
Márquez, del MAP, reconoce que si la Seguridad Social se queja de que los objetivos son muy ambiciosos es porque es cierto. No obstante, considera que se puede cumplir a tiempo: “Hay comunidades autónomas que ya lo cumplen y a la AEAT, por ejemplo, le va a costar muy poco”.
En efecto, De Pablo, de la Agencia Tributaria, no se muestra demasiado preocupado por la adecuación de su agencia a la ley: “Viene a recoger usos y costumbres que la AEAT asumió hace ya años –señala– y, además, acentúa la importancia de colaboración entre administraciones, en la que estamos implicados”.
En general, los directivos reunidos expresaron un moderado optimismo con respecto al cumplimiento de los plazos previstos. “Si llegamos a 2010 con sólo el 80%, será el 80% de un cambio enorme. Es una ley imprescindible”, concluye Martínez Ruiz, del Ministerio de Medio Ambiente, quien, pese a que cree que los sistemas de su ministerio están en línea con lo que se pide, reconoce que el “durante” de la implantación de la ley “va a ser largo”.
Miguel Ángel Martín Vidal, subdirector general de Informática Estadística del Instituto Nacional de Estadística, no entra a discutir los plazos de la ley, pero sí piensa que hay que someter a debate el desarrollo normativo de los aspectos que la ley deja abiertos. En cuanto a su oportunidad, la liga al cambio cultural de la ciudadanía.
Impacto organizativo
Carlos Maza, subdirector general adjunto de TIC del Ministerio de Industria Turismo y Comercio, consideró que la ley está muy bien planteada a nivel técnico, pero no consigue asentarse lo suficiente en ciertos niveles de dirección administrativa. “Más que los problemas técnicos, que yo creo que están casi resueltos, lo que yo veo es la dificultad del impacto organizativo”.
Mañes, en línea con lo que advierte Maza, criticó que en los niveles intermedios consideren esta ley “cosa de informáticos”. “Es un error: los mandos son los que tienen que decidir los procedimientos”. Otro problema organizativo que ve Mañes es que la ley exige atención al ciudadano “24/7”, pero las plantillas “vienen de ocho a tres”.
García, compartió parte de estas críticas: “Poner en marcha la ley en un plazo de 26 meses supone más retos de los que puede asumir el personal de informática. No debería depender sólo de ellos”.
Márquez reconoció el problema que supone poner en marcha la ley en los plazos indicados sin aumentos significativos en las plantillas, pero recordó que “hay recursos económicos muy elevados, que antes no había” para que todo se ejecute en plazo. Martínez Ruiz, de Medio Ambiente, puntualizó, no obstante, que la ley, “más que reclamar más recursos para las nuevas tecnologías, lo que demanda es una primera línea de alta dirección muy preparada”.
Tecnología
Garrán se manifestó en el mismo sentido que Martínez Ruiz: “La tecnología ya está aquí, ahora hay que ponerse a andar. Hay unos plazos muy apretados y se plantean unos problemas de conexión entre frontoffice y backoffice, que, probablemente, tarden más de dos años en resolverse”.
La mayoría de los directivos coincidieron en considerar que la tecnología actual era suficiente para poner en marcha la ley, pero el responsable de la Seguridad Social hiz
La Administración General del Estado (AGE) tiene de plazo hasta 31 de 2009 para adaptarse a la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, aprobada a principios del pasado verano. Para el resto de niveles administrativos el plazo se amplía hasta 2012.
La nueva ley persigue universalizar el acceso electrónico a los servicios públicos –algo que se reconoce como un derecho de los ciudadanos– y conseguir una plena coordinación entre administraciones que facilite la comunicación entre y con éstas.
¿Son alcanzables los plazos establecidos para la puesta en funcionamiento de la ley? ¿Están las administraciones preparadas para afrontar unos mayores niveles de coordinación y colaboración? Y el ciudadano: ¿está éste preparado para beneficiarse de las ventajas que ofrece el acceso electrónico a la Administración? Éstas fueron algunas de las preguntas que se plantearon y a las que se intentó buscar respuesta a lo largo de una mesa redonda organizada por ComputerWorld y que reunió a algunos de los máximos responsables informáticos de la función pública española, junto a Jaime García, director de análisis de IDC y Jesús Garrán, vicepresidente de Capgemini.
Marco conjunto
Fernando de Pablo, jefe del departamento de Gestión de Medios y Recursos de la Agencia Tributaria (AEAT), consideró que lo más positivo de esta ley es que establece un marco claro para la actuación conjunta de todas las administraciones. Además, felicitó al Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) por lo rápido que se ha elaborado y tramitado esta ley. “Viene en el momento adecuado”, aseguró.
Juan Miguel Márquez, director general de Modernización Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas, destacó el gran cambio cultural que supone esta ley: “Tendrá que cambiarse la informática orientada al dato a otra orientada al procedimiento”.
Para Manuel Martínez Ruiz, subdirector general de Información al Ciudadano y Servicios Tecnológicos del Ministerio de Medio Ambiente, con esta ley, “el ejecutivo se ha impuesto un nivel de exigencia superior a lo que los ciudadanos demandan”. Este directivo destaca el deber de colaboración e intercambio por parte de la Administración Pública que tiene que estar “al servicio del ciudadano”. Jaime García, de IDC, sin embargo, no está de acuerdo con la afirmación de que la ley da más de lo que la ciudadanía exige –“los ciudadanos exigen muchas cosas”–. No obstante, la valora muy positivamente: “Es una de las pocas leyes que parte de un derecho del ciudadano y no de una obligación”.
Plazos
Una de las principales cuestiones debatidas fue la de los plazos con los que trabaja esta ley, considerados por muchos como demasiado ambiciosos. Es el caso de Santos Mañes, director de informática del Centro de Planificación Estratégica de la Seguridad Social, que teme que su organismo no pueda cumplir toda la ley en plazo y como mucho llegue al 80% de cumplimiento para la fecha prevista.
“El efecto 2000 es un chubasco en comparación con el diluvio universal que supone esta ley que implica el cambio de todos los aplicativos”, asegura Mañes, que considera que la ley plantea algunos problemas de tipo jurídico donde se habla de la comunicación de datos; algo que, según dice, “casa mal con la Ley de Protección de Datos”.
Márquez, del MAP, reconoce que si la Seguridad Social se queja de que los objetivos son muy ambiciosos es porque es cierto. No obstante, considera que se puede cumplir a tiempo: “Hay comunidades autónomas que ya lo cumplen y a la AEAT, por ejemplo, le va a costar muy poco”.
En efecto, De Pablo, de la Agencia Tributaria, no se muestra demasiado preocupado por la adecuación de su agencia a la ley: “Viene a recoger usos y costumbres que la AEAT asumió hace ya años –señala– y, además, acentúa la importancia de colaboración entre administraciones, en la que estamos implicados”.
En general, los directivos reunidos expresaron un moderado optimismo con respecto al cumplimiento de los plazos previstos. “Si llegamos a 2010 con sólo el 80%, será el 80% de un cambio enorme. Es una ley imprescindible”, concluye Martínez Ruiz, del Ministerio de Medio Ambiente, quien, pese a que cree que los sistemas de su ministerio están en línea con lo que se pide, reconoce que el “durante” de la implantación de la ley “va a ser largo”.
Miguel Ángel Martín Vidal, subdirector general de Informática Estadística del Instituto Nacional de Estadística, no entra a discutir los plazos de la ley, pero sí piensa que hay que someter a debate el desarrollo normativo de los aspectos que la ley deja abiertos. En cuanto a su oportunidad, la liga al cambio cultural de la ciudadanía.
Impacto organizativo
Carlos Maza, subdirector general adjunto de TIC del Ministerio de Industria Turismo y Comercio, consideró que la ley está muy bien planteada a nivel técnico, pero no consigue asentarse lo suficiente en ciertos niveles de dirección administrativa. “Más que los problemas técnicos, que yo creo que están casi resueltos, lo que yo veo es la dificultad del impacto organizativo”.
Mañes, en línea con lo que advierte Maza, criticó que en los niveles intermedios consideren esta ley “cosa de informáticos”. “Es un error: los mandos son los que tienen que decidir los procedimientos”. Otro problema organizativo que ve Mañes es que la ley exige atención al ciudadano “24/7”, pero las plantillas “vienen de ocho a tres”.
García, compartió parte de estas críticas: “Poner en marcha la ley en un plazo de 26 meses supone más retos de los que puede asumir el personal de informática. No debería depender sólo de ellos”.
Márquez reconoció el problema que supone poner en marcha la ley en los plazos indicados sin aumentos significativos en las plantillas, pero recordó que “hay recursos económicos muy elevados, que antes no había” para que todo se ejecute en plazo. Martínez Ruiz, de Medio Ambiente, puntualizó, no obstante, que la ley, “más que reclamar más recursos para las nuevas tecnologías, lo que demanda es una primera línea de alta dirección muy preparada”.
Tecnología
Garrán se manifestó en el mismo sentido que Martínez Ruiz: “La tecnología ya está aquí, ahora hay que ponerse a andar. Hay unos plazos muy apretados y se plantean unos problemas de conexión entre frontoffice y backoffice, que, probablemente, tarden más de dos años en resolverse”.
La mayoría de los directivos coincidieron en considerar que la tecnología actual era suficiente para poner en marcha la ley, pero el responsable de la Seguridad Social hiz
