Nace Filmotech para evitar las descargas piratas de los portales

El sector audiovisual busca nuevas formas para comercializar sus productos, entendiendo las nuevas tecnologías más como una oportunidad que como una amenaza, y las autoridades parecen dispuestas a aportar ayuda, en este sentido.
Con este propósito, ha nacido Filmotech, la respuesta del sector a las descargas gratuitas ilegales, unos días antes de la redada que se cerró con diez detenidos y 21 webs clausuradas en una operación contra la piratería.
Filmotech, una iniciativa de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), es la respuesta del sector audiovisual español a páginas como las 21 que fueron clausuradas la pasada semana. Se trata de un portal que permite descargar películas para su alquiler y compra por un precio competitivo y ofrece valores añadidos frente al contenido pirata, tales como una mejor calidad de visionado y la posibilidad de acceder a extras como trailers, fichas artísticas, etcétera.
Según José Manuel Cerezo, director de EGEDA, con este portal se crea “la alternativa legal” a las descargas desde páginas y programas fraudulentos, algo que hasta ahora no existía”.
Filmotech arranca con un catálogo compuesto por unas 250 películas españolas, que espera aumentar en breve con producciones iberoamericanas y europeas. Entre los títulos que ya están disponibles destacan Los otros, Juana la Loca, Lucía y el sexo, Mortadelo y Filemón, Bienvenido Mr. Marshall o Calabuch. En breve el portal dispondrá de documentales, cortometrajes, y series de televisión. La idea de los impulsores de Filmotech.com es incorporar al catálogo entre 400 y 500 títulos cada año.

Detenciones
Las páginas web clausuradas por la Guardia Civil la pasada semana registraban 15.000 descargas diarias y su actividad puede haber ocasionado unos mil millones de euros en pérdidas a la industria del cine.
Aunque los hechos implican a un total de 32 personas, sólo se ha detenido a diez webmasters quienes, según explicó Joan Mesquida, director general de la Policía y la Guardia Civil, “podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta dos años, aunque por la jurisprudencia, lo lógico es que se les aplique una multa proporcional al perjuicio provocado”.