La nueva Ley de Propiedad Intelectual, contra la industria y los usuarios

La ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), lejos de crear un consenso entre las partes afectadas, no ha contentado a nadie, y es que es una norma, a la que se oponen todos los agentes que regula: empresas, profesionales, asociaciones de editores de prensa, organizaciones de consumidores e internautas, sindicatos y, en última instancia, los propios autores y entidades que gestionan sus derechos.
El motivo de discordia, el canon digital, la tasa con la que se gravarán los dispositivos y soportes digitales (CD, DVD, MP3, escáneres, impresoras, lápices de memoria...) que permitan la copia privada de contenidos. Un canon, cuya introducción elevará el precio de los dispositivos de grabación (CD, DVD...) y reproducción (MP3...) entre un 30% y un 50%, según los casos.
Desde nuestra opinión, la ley se pliega a los intereses de los autores y artistas y va claramente en contra de la industria y los usuarios. Ya que el canon introduce una múltiple imposición, pues se pagan los derechos al adquirir el producto, y se vuelve a pagar por el hecho de almacenarlo en un dispositivo o de moverlo a través de una red de telecomunicaciones.
Industria, consumidores e internautas consideramos que equiparar la copia privada a la piratería es falso y demagógico, al igual que pensar que, por defecto, todo dispositivo virgen será utilizado para hacer copia ilegal, idea que subyace en el trasfondo de la ley, que intenta preservar los derechos de los autores a cobrar por la distribución de sus obras, y para ello extiende a todos los intermediarios y consumidores el deber de pagar por cada copia.
Por ello, y bajo el paraguas de la Plataforma todoscontraelcanon.es, patronales de la industria de las telecomunicaciones y la electrónica (Aetic, Asimelec, Astel y Anei), las organizaciones de consumidores Ceacu y Facua, la Asociación de Internautas y el sindicato CCOO, entre otras entidades, nos hemos unido ante un sistema que únicamente defienden y beneficia a las sociedades de gestión.
Desde nuestra posición en defensa de la industria, entendemos que al menos los importes que gravan los soportes, deben experimentar una drástica reducción a la vista de la situación del mercado. Como he apuntado en un principio estos importes se fijaron en una coyuntura en la que lo más prioritario era dar una salida pacífica a un conflicto judicial. La experiencia posterior ha demostrado que dichos importes, que en algunos casos supone el 60% del precio del producto, han traído consigo la aparición de una enorme competencia desleal, que ha propiciado la anomalía que aquellas empresas que están cumpliendo la ley se vean abocadas a abandonar el mercado.
Es claro que una defensa y justa compensación de los derechos de autor, a la que nunca nos hemos opuesto debe tener los límites propios que son los reflejados en la Directiva y en el proyecto que comentamos: compensar lo justo y no recaudar lo máximo con independencia de los perjuicios que se causen para el mercado.

José Pérez García
Director General de ASIMELEC

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