La Administración planta cara al euro

La adaptación de los Sistemas de Información a la próxima implantación del Euro es uno de los grandes temas que preocupan a los responsables de la Administración Pública española. Para intentar paliar en lo posible sus efectos, y en el menor tiempo posible, y llegar a ser perfectamente competitivos con el resto de los países de la UE, se han puesto en marcha en los últimos meses una serie de planes destinados a conseguir que los cambios y adaptaciones se lleven a cabo en los plazos previstos y sobre todo, conocer exactamente el coste que todo ello va a suponer.

Uno de los primeros pasos que los responsables de las Administraciones Públicas han llevado a cabo para conocer el mapa del impacto del euro dentro de los Sistemas de Información ha sido la creación, mediante un Real Decreto, de una Comisión Interministerial en cada uno de los Ministerios para la coordinación de las actividades relacionadas con la introducción de la nueva moneda europea.

Aspectos organizativos

En líneas generales y teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los Ministerios, las funciones específicas que le han sido encomendadas a esta Comisión son, en primer lugar, realizar un estudio en el que se detalle el impacto previsible del proceso de adaptación del euro en el período comprendido entre 1999 y el año 2000. En segundo lugar, elaborar una estimación aproximada y genérica del coste que la adopción del euro tendrá en los SI de todas las Administraciones Públicas, tanto en lo relativo a cambios de código ya existentes, como en lo referente a nuevos sistemas. En tercer lugar, los responsables de la Administración Pública han propuesto un Plan de Actuación para la introducción del euro que concrete el coste y el perfil temporal más adecuado a las inversiones necesarias. Y por último, establecer como canal fundamental de información, tratamiento y, en su caso, solución a los problemas que se plantean en TI, incluyendo la formación necesaria.

Sin embargo, ya antes de que esta Comisión comenzara sus trabajos había, dentro de la Administración, una serie de conclusiones sobre lo que iba a suponer este cambio, con las que la Comisión ha comenzado a trabajar. La más importante de éstas hace referencia al coste que la adaptación al euro va a suponer. El coste de la implantación se cifra, dentro de la Administración Central del Estado, en torno a los 6.500 millones de pesetas y alcanzará los 10.000 millones para el conjunto de las tres Administraciones Públicas. Mientras que por ejemplo, las cantidades destinadas en países como Francia, para este mismo período, se sitúan entre los 7.500 y los 15.000 millones de pesetas.

En cuanto al reparto por años de esta cantidad, teniendo en cuenta la restricción presupuestaria que ha sufrido la Administración Pública española durante el pasado año, se cifra en: durante 1998 un 15 por ciento de los 10.000 millones, en 1999 un 20 por ciento de la cantidad antes citada, mientras que para el año 2000 se estima que se gastará un 35 por ciento y en el 2001 el 30 por ciento restante.

Procesos más sensibles

Otro de los aspectos que se han tratado dentro del estudio de adaptación de la Administración a la implantación del euro ha sido la definición de cuáles serán las operaciones y procesos más sensibles y las que deben tener prioridad en el análisis. Evidentemente, todos los sistemas de información de la Administración del Estado que manejan unidades económicas van a verse afectados en mayor o menor medida por la implantación del euro. Sin embargo, hay procesos y operaciones mucho más sensibles y que han dado lugar a la creación de otras Comisiones Especiales, similares a la de Sistemas y Tecnologías de la Información y que son: cobros, pagos, presupuestos, impuestos, cotizaciones sociales, asuntos jurídicos y en tercer lugar, asuntos contables. Como fruto de todo esto se ha elaborado un documento interno, que se actualiza constantemente, denominado, “Plan para la Introducción del Euro en las Administraciones Públicas” y que tiene en cuenta elementos como, los pagos y cobros de la Administración, la introducción del euro en el sistema de pagos y en el sistema bancario, tributos, asuntos jurídicos o cuestiones operativas, entre otros. Como consecuencia de todo esto, la Comisión Ministerial ha puesto en marcha un esquema de adaptación, que debe ser cumplida para poder llegar al año 2002 en igualdad de condiciones que el resto de los países de la Comunidad Europea.

El primer paso que se señala como imprescindible es que, excepto en el caso de la Deuda Pública, que debe contabilizarse en euros en el primer lunes laborable de 1999, los ingresos y pagos de personas físicas o jurídicas con las Administraciones se realizaran y contabilizaran en pesetas hasta el 2001 inclusive. Así, los Presupuestos Generales del Estado se aprobarán en pesetas hasta el ejercicio del 2001 inclusive. El seguimiento contable presupuestario y la Cuenta General del Estado se formalizarán en pesetas hasta el ejercicio del 2001 inclusive. Durante el período transitorio, desde el uno de enero de 1990, hasta el uno de enero del 2002, los expedientes administrativos de autorización y compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago se tramiten y contabilizan en pesetas.

En dicho período transitorio las bases reguladoras, establecidas en las Leyes de Presupuesto o en otras disposiciones, aplicables para el pago de las retribuciones del personal de la Administración o pensiones se seguirán aplicando en pesetas.

El hardware, software y aplicaciones frente al euro

Tres elementos, hardware, software de sistemas y aplicaciones, van a sufrir fuertes modificaciones y dependiendo de sus propias características éstas serán totales, o parciales, pero siempre de difícil generalización. Habrá centros de proceso de datos, dentro de la Administración, que no modificarán su hardware mientras que otros aprovecharán para migrar, por ejemplo, a sistemas abiertos.

En cuanto al software, los problemas serán mucho más importantes y variados. En cuanto a cómo determinar qué aplicaciones pueden evolucionar y cuáles deben ser sustituidas, será necesario hacer un estudio individualizado, y primará fundamentalmente la economía para optar por una u otra solución. Pero sobre todo, la realización de los cambios necesarios, las pruebas correspondientes y su implantación, deberán convivir con las tareas habituales de explotación, nuevos desarrollos y mantenimiento de los sistemas existentes.

Un caso práctico

La introducción de la moneda única en los SI de la Administración Tributaria

Los responsables de la Administración Tributaria consideran que el impacto de la implantación del euro en el área de la informática de la Administración Tributaria española será muy alto. La implantación como moneda única a partir del 1 de enero de 1999 afectará de forma directa a los sistemas de información y a los intercambios de información de una organización fuertemente relacionada con el exterior. El primer objetivo que se debe abordar será adaptar los sistemas y procedimientos existentes. La magnitud del cambio es importante si se debe trabajar en un ambiente multimoneda previsto para el período transitorio. Un ejemplo sirve para dar idea de la magnitud del cambio y su complejidad: existen en la actualidad unos 500 formularios para realizar la declaración de los distintos impuestos que habrá que modificar. Pero también hay otras cuestiones igualmente importantes como son, por ejemplo: el tratamiento de la información histórica almacenada en la unidad monetaria anterior, la reaparición de los decimales, la problemática que implican los redondeos, la edición de las magnitudes económicas expresadas en términos monetarios, en euros.

La primera cuestión que la Administración Tributaria debe decidir para definir la estrate