Comunicaciones

Informe del Tribunal de Cuentas

Según un informe de fiscalización especial aprobado el día 30 del pasado mes de noviembre por el Tribunal de Cuentas, se han observado, desde 1994 al primer semestre de 1998, muchas irregularidades en la contratación de suministros informáticos por parte de las siguientes entidades del entorno de la Seguridad Social: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Inserso, Instituto Social de la Marina, e Insalud. El Tribunal advierte que se han utilizado de manera preferente tanto la contratación directa como el procedimiento negociado sin publicidad en un 71,2 por ciento de los expedientes fiscalizados, lo que representa una cifra demasiado elevada si se tiene en cuenta que ambas formas de llevar a cabo las adquisiciones suelen ser excepcionales. Si a ello se añade que ese porcentaje de contratación equivale a casi el 40 por ciento del gasto, el Tribunal entiende que, por su importancia y transcendencia, los expedientes se deberían haber acreditado y fundamentado mejor. Asimismo, el Tribunal considera que algunas de las entidades analizadas disponen de insuficientes recursos humanos con la cualificación informática necesaria. Varios son los conceptos examinados y analizados por el Tribunal en su informe. Se centra y escudriña en los datos e información que posee y saca conclusiones sobre los efectos, sin adentrarse en averiguar las causas que los producen. Por eso viene a decir que las contrataciones de servicios encubren auténticas contrataciones al margen de la legalidad, para resolver problemas estructurales de personal. Es cierto que son imprescindibles las contrataciones de asistencias técnicas o similares porque los organismos disponen de plantillas cortas para resolver con eficacia y profesionalidad los múltiples trabajos que les encargan y en ocasiones, además, con las urgencias que los reclaman. Y, la única forma viable de hacer frente a una realidad cada vez más comprometedora, es contratar la ayuda externa que les es imperiosamente necesaria. Nadie duda ni niega que se trata, en definitiva, de la contratación de los especialistas informáticos que les hacen falta. Pero tampoco se plantean los responsables de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que tienen que acudir a éstas alternativas para solucionar los problemas que les plantean, o sacar adelante los proyectos insoslayables, que es ilegal lo que hacen porque entienden que son muy diáfanos los pasos que se dan y los objetivos que se persiguen. ¿Por qué no se preocupan los políticos en ajustar las plantillas a la creciente demanda de trabajos que se exigen a los responsables de las TIC? Si no lo creen factible de momento ¿Han pensado en la posibilidad del outsourcing en la Administración?

Viñeta publicada el 20 de febrero de 1870 en La Flaca n.º 35 Tendencias

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