El esfuerzo español en innovación tecnológica, razonablemente grande pero insuficiente
Nuestro modelo económico es heredero de una larga historia, en la que la tecnología no ha tenido un protagonismo relevante. España, como muchos países, siguió las revoluciones industriales, a las que se adaptó más o menos tarde y de forma dispar. Sería interesante establecer cómo convivió con los progresos científicos y tecnológicos anteriores a las revoluciones industriales, pero esto es un trabajo complejo, fuente de polémica y poco constructivo, pues lo que sabemos con seguridad es que en nuestros libros de enseñanza primaria no hay nombres españoles entre los científicos de aquellas épocas.
Los regeneracionistas del 98 creyeron en la ciencia como fuente de bienestar, y ellos pusieron el germen de la actual capacidad científica española, que ha estado de forma intermitente aletargada durante largas épocas. Pero la preocupación por la creación de tecnología fue más tardía y menos productiva. También nació de los científicos y no de los hombres de empresa, como podría haber sido más natural. Más de veinte años después de la creación de la Junta de Ampliación de Estudios, cuyo centenario se celebra ahora, el Ministerio de Instrucción Pública de entonces instituía la llamada Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas que, según uno de sus primeros directores, José Castillejo, estaba “destinada a despertar la industria al progreso científico y a combinar sus recursos con la iniciativa privada o con corporaciones públicas, ciudades, provincias o regiones”. Estas palabras de Castillejo confirman que la industrialización de España no necesitó de tecnología propia ni seguramente de una rigurosa comprensión de la que se adquiría, para que la agricultura, la industria o los servicios pudieran atender a sus mercados. Unos mercados que, tanto empresarios como políticos, se preocupaban de que estuvieran convenientemente protegidos. Es el nuestro, uno más de los muchos ejemplos que muestran que la ausencia de competencia previene cualquier actitud innovadora y, muy especialmente, la tecnológica, que es la que comporta más riesgos.
Si hay alguna constante en los diferentes modelos económicos que han llevado a España a la situación actual, que sin duda es buena pero muy difícilmente sostenible, es su olvido del poder de la tecnología propia para lograr los necesarios niveles de competitividad. Nuestras empresas desde siempre, pero recientemente con mayor habilidad, han sabido adquirir, con excesiva frecuencia del exterior, la tecnología que en cada momento apuntalaba sus otras ventajas competitivas más atractivas. Y en esta estrategia de adquisición tampoco ha hecho falta dedicar grandes recursos a entender las soluciones tecnológicas que llegaban, con lo que los gastos en investigación y desarrollo, tanto ejecutados internamente como vía contratos con centros ajenos, nacionales o extranjeros, han sido mínimos. En el año 1964, el gasto total español en I+D fue solamente de unos diez millones de euros, el 0,13% del PIB (Producto Interior Bruto) de aquel año, y el número de investigadores que trabajaba en España no llegaban a los 4.000.
A medida que nuestro mercado se ha ido abriendo, entender la tecnología adquirida y generar una nueva mejor adaptada al negocio ha sido un lógico proceder de un número de empresas que ha ido creciendo lentamente y, al mismo tiempo, el impulso modernizador del país ha hecho que los recursos públicos dedicados a investigación y desarrollo hayan sido cada vez mayores. En 1986, cuando se promulga la Ley de la Ciencia, el gasto total en I+D, público y privado, era de 1.200 millones de euros (0,61% del PIB) y había en total unos 25.000 investigadores. Veinte años más tarde, el gasto español en I+D ha superado los 10.000 millones de euros corrientes, el 1,13% del PIB, y con ello se da trabajo a casi 175.000 personas, de las que unas 110.000 son investigadores.
El crecimiento es importante, pero las cifras absolutas nos dejan todavía muy lejos de las que caracterizan a los países avanzados. En términos de PIB, nuestro indicador es poco más de la mitad de la media europea y se queda a un tercio del valor de EE.UU. Son razones que no inducen al optimismo, pero veamos cómo hemos llegado hasta las cifras de hoy.
Evolución
Desde nuestra incorporación a Europa, los crecimientos anuales del gasto en I+D han sido siempre superiores al 10%, salvo en los años que van de 1993 a 1997 en los que hubo un estancamiento. En estos diez últimos años el crecimiento en euros corrientes ha sido del 300%. El aumento de investigadores ha sido menos uniforme, pero en esta última década se ha multiplicado por 2,3. El comportamiento del sector empresarial, el más importante cuando se trata de hablar de innovación, es también parecido. Durante los años que van desde 1995 a 2005, su gasto en I+D ha pasado de 1.752 a 5.500 millones de euros, es decir, tres veces mayor, y los investigadores empresariales son ya treinta y cinco mil. Este esfuerzo para 2005 ha supuesto el 0,68% del VAB (Valor Añadido Bruto) y ha crecido un 12,8%; cifras que cobran todo su sentido cuando se comparan con las que atribuye el estudio de la consultora Booz, Allen & Hamilton sobre las mil empresas más innovadoras del mundo. El esfuerzo total en I+D de estas últimas fue el 3,8% de su VAB, mucho mayor que el español. Pero el crecimiento para las empresas más innovadoras de EE.UU. fue del 5,2% y el de las de Europa el 2,3%, inferior al nuestro, que no difiere excesivamente del de las empresas más innovadoras de China y la India, que fue del 17%.
Los llamados indicadores de “input” han crecido, por lo tanto, de manera más que notable. Y si la evolución del indicador más popular de referencia, el gasto en términos de PIB, no es tan sorprendente, ya que hay que comparar el 0,79% de 1995 con el 1,13% de diez años después, es porque nuestro PIB afortunadamente ha crecido también mucho más que la media europea. Este 143% de crecimiento resulta mucho menor que el de los otros indicadores no ponderados.
Por lo que se refiere a los indicadores de “output”, las cosas están parecidas. En estos últimos diez años, el número de publicaciones científicas ha pasado de ser el 2% de las de las revistas de prestigio (SCI) al 3% en este año, y en términos absolutos ha aumentado un 155%. Las exportaciones de bienes de equipo, un indicador ciertamente indirecto, lo han hecho en este período en un 221%. Y en el indicador de resultados que indudablemente peor estamos, el de las patentes, tenemos los valores que nos corresponden cuando analizamos las de verdadera calidad, las llamadas patentes triádicas, que son simultáneamente concedidas por Estados Unidos, Japón y la UE. En la curva de regresión para los países avanzados que relaciona, escaladas por millón de habitantes, las patentes de este tipo y las publicaciones científicas nos situamos ligeramente a favor de las patentes. Lo cual quiere decir que la llamada paradoja europea es en España menos importante que en países como Suecia, Dinamarca o el Reino Unido, y estamos en el semiplano de Estados Unidos o Japón, aunque muy alejados de ellos. Y lo mismo ocurre en la recta de regresión que relaciona estas patentes con el Gasto en I+D en términos de PIB. En este caso estamos encima de esta recta. Esto simplemente indi
Los regeneracionistas del 98 creyeron en la ciencia como fuente de bienestar, y ellos pusieron el germen de la actual capacidad científica española, que ha estado de forma intermitente aletargada durante largas épocas. Pero la preocupación por la creación de tecnología fue más tardía y menos productiva. También nació de los científicos y no de los hombres de empresa, como podría haber sido más natural. Más de veinte años después de la creación de la Junta de Ampliación de Estudios, cuyo centenario se celebra ahora, el Ministerio de Instrucción Pública de entonces instituía la llamada Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas que, según uno de sus primeros directores, José Castillejo, estaba “destinada a despertar la industria al progreso científico y a combinar sus recursos con la iniciativa privada o con corporaciones públicas, ciudades, provincias o regiones”. Estas palabras de Castillejo confirman que la industrialización de España no necesitó de tecnología propia ni seguramente de una rigurosa comprensión de la que se adquiría, para que la agricultura, la industria o los servicios pudieran atender a sus mercados. Unos mercados que, tanto empresarios como políticos, se preocupaban de que estuvieran convenientemente protegidos. Es el nuestro, uno más de los muchos ejemplos que muestran que la ausencia de competencia previene cualquier actitud innovadora y, muy especialmente, la tecnológica, que es la que comporta más riesgos.
Si hay alguna constante en los diferentes modelos económicos que han llevado a España a la situación actual, que sin duda es buena pero muy difícilmente sostenible, es su olvido del poder de la tecnología propia para lograr los necesarios niveles de competitividad. Nuestras empresas desde siempre, pero recientemente con mayor habilidad, han sabido adquirir, con excesiva frecuencia del exterior, la tecnología que en cada momento apuntalaba sus otras ventajas competitivas más atractivas. Y en esta estrategia de adquisición tampoco ha hecho falta dedicar grandes recursos a entender las soluciones tecnológicas que llegaban, con lo que los gastos en investigación y desarrollo, tanto ejecutados internamente como vía contratos con centros ajenos, nacionales o extranjeros, han sido mínimos. En el año 1964, el gasto total español en I+D fue solamente de unos diez millones de euros, el 0,13% del PIB (Producto Interior Bruto) de aquel año, y el número de investigadores que trabajaba en España no llegaban a los 4.000.
A medida que nuestro mercado se ha ido abriendo, entender la tecnología adquirida y generar una nueva mejor adaptada al negocio ha sido un lógico proceder de un número de empresas que ha ido creciendo lentamente y, al mismo tiempo, el impulso modernizador del país ha hecho que los recursos públicos dedicados a investigación y desarrollo hayan sido cada vez mayores. En 1986, cuando se promulga la Ley de la Ciencia, el gasto total en I+D, público y privado, era de 1.200 millones de euros (0,61% del PIB) y había en total unos 25.000 investigadores. Veinte años más tarde, el gasto español en I+D ha superado los 10.000 millones de euros corrientes, el 1,13% del PIB, y con ello se da trabajo a casi 175.000 personas, de las que unas 110.000 son investigadores.
El crecimiento es importante, pero las cifras absolutas nos dejan todavía muy lejos de las que caracterizan a los países avanzados. En términos de PIB, nuestro indicador es poco más de la mitad de la media europea y se queda a un tercio del valor de EE.UU. Son razones que no inducen al optimismo, pero veamos cómo hemos llegado hasta las cifras de hoy.
Evolución
Desde nuestra incorporación a Europa, los crecimientos anuales del gasto en I+D han sido siempre superiores al 10%, salvo en los años que van de 1993 a 1997 en los que hubo un estancamiento. En estos diez últimos años el crecimiento en euros corrientes ha sido del 300%. El aumento de investigadores ha sido menos uniforme, pero en esta última década se ha multiplicado por 2,3. El comportamiento del sector empresarial, el más importante cuando se trata de hablar de innovación, es también parecido. Durante los años que van desde 1995 a 2005, su gasto en I+D ha pasado de 1.752 a 5.500 millones de euros, es decir, tres veces mayor, y los investigadores empresariales son ya treinta y cinco mil. Este esfuerzo para 2005 ha supuesto el 0,68% del VAB (Valor Añadido Bruto) y ha crecido un 12,8%; cifras que cobran todo su sentido cuando se comparan con las que atribuye el estudio de la consultora Booz, Allen & Hamilton sobre las mil empresas más innovadoras del mundo. El esfuerzo total en I+D de estas últimas fue el 3,8% de su VAB, mucho mayor que el español. Pero el crecimiento para las empresas más innovadoras de EE.UU. fue del 5,2% y el de las de Europa el 2,3%, inferior al nuestro, que no difiere excesivamente del de las empresas más innovadoras de China y la India, que fue del 17%.
Los llamados indicadores de “input” han crecido, por lo tanto, de manera más que notable. Y si la evolución del indicador más popular de referencia, el gasto en términos de PIB, no es tan sorprendente, ya que hay que comparar el 0,79% de 1995 con el 1,13% de diez años después, es porque nuestro PIB afortunadamente ha crecido también mucho más que la media europea. Este 143% de crecimiento resulta mucho menor que el de los otros indicadores no ponderados.
Por lo que se refiere a los indicadores de “output”, las cosas están parecidas. En estos últimos diez años, el número de publicaciones científicas ha pasado de ser el 2% de las de las revistas de prestigio (SCI) al 3% en este año, y en términos absolutos ha aumentado un 155%. Las exportaciones de bienes de equipo, un indicador ciertamente indirecto, lo han hecho en este período en un 221%. Y en el indicador de resultados que indudablemente peor estamos, el de las patentes, tenemos los valores que nos corresponden cuando analizamos las de verdadera calidad, las llamadas patentes triádicas, que son simultáneamente concedidas por Estados Unidos, Japón y la UE. En la curva de regresión para los países avanzados que relaciona, escaladas por millón de habitantes, las patentes de este tipo y las publicaciones científicas nos situamos ligeramente a favor de las patentes. Lo cual quiere decir que la llamada paradoja europea es en España menos importante que en países como Suecia, Dinamarca o el Reino Unido, y estamos en el semiplano de Estados Unidos o Japón, aunque muy alejados de ellos. Y lo mismo ocurre en la recta de regresión que relaciona estas patentes con el Gasto en I+D en términos de PIB. En este caso estamos encima de esta recta. Esto simplemente indi
