El desempleo, una situación anticonstitucional

En 1994, el paro alcanzará al 12% de la población activa de la CE, conforme a un informe elaborado por la Comunidad

El panorama es extremadamente sombrío, éstas han sido las palabras del Comisario Pádraig Flynn, responsable de empleo, relaciones industriales y asuntos sociales de la Comunidad; al referirse a la situación laboral de los países del continente. España, participe de esta condición, supera en un 10 por ciento, la cifras estimadas por la comunidad para este año, situándose en una posición de mayor desventaja con respecto a los otros países.

El artículo 35 de la Constitución española establece que todos los ciudadanos tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la promoción a través de si mismo y a una remuneración suficiente, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razones de sexo. Asimismo, el artículo 42 de la Ley Básica del Empleo señala que es principio fundamental de la política de colocación la igualdad de oportunidades, sin distinciones basadas en raza, sexo, opinión política u origen social. Las directivas del Consejo de la Comunidad Económica Europea establecen, por su parte, la puesta en práctica en los Estados miembros del principio de igualdad de trato de hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, incluidas en la promoción, formación profesional y condiciones de trabajo.

Pese a todos estos artículos y directivas referentes al derecho de las personas a trabajar, la situación, no sólo española, sino europea parece alejarse mucho de éstas. Son ya famosas, las cifras de desempleo en nuestro país que alcanzan al 22 por ciento de la población activa, sin que se prevea un descenso de éstas en un período breve de tiempo.

Conforme al último Informe sobre el Empleo en Europa realizado en 1993 por la Comisión de empleo, relaciones industriales y asuntos sociales de la CE, no se vislumbran signos de recuperación antes de la primavera de 1994 como muy pronto.

El empleo, no sólo cayó en 1992, sino también en 1993, lo que conlleva que el paro seguirá aumentando durante este nuevo año. De este modo, el análisis realizado demuestra que el desempleo alcanzará al 12 por ciento de la población activa de la Comunidad en 1994, antes de que se pueda confiar en una estabilización y, a continuación, en el principio de un descenso del número de desempleados. La situación se perfila como muy grave en el seno de la Comunidad, es un gran desafío a superar, que requiere de nuevas iniciativas con la intención de remediar en profundidad la situación.

Intentos de solución

En este sentido, dentro del cuadro comunitario en favor del empleo, se han lanzado dos proyectos: el primero de ellos, fue tomado por la Comisión de investigación de Pádraig Flynn, el Comisario Responsable para el Empleo y los Asuntos Sociales. Esta ha tomado la forma de una Comunicación tendente a establecer un marco comunitario para el empleo. Aprobado a finales del año 1993, este documento fija un cuadro de análisis y acciones para años próximos, siendo la primera fase de los trabajos para un período de 18 meses. Las ideas contenidas en esta comunicación tienen el aval del Consejo de empleo y asuntos sociales, quien, el 1 de junio de 1993, convino establecaer una reflexión profunda sobre esta base.

Esta comunicación parte de una constatación cuádruple. En primer lugar, el alto nivel de paro actual es inaceptable desde la consideración de que atenta a la competitividad de la Comunidad, así como a la cohesión de las sociedades que la componen. En segundo lugar, el problema del empleo no puede ser solucionado únicamente por un crecimiento económico más fuerte, se necesita un sistema de crecimiento más creador de empleos si se quiere superar este desafío. Por otro lado, es necesaria una respuesta política integrada para movilizar a todos los actores que intervienen en las cuestiones del empleo.

En definitiva, si debe seguir siendo competencia de los estados miembros asumir la principal responsabilidad en este terreno, es necesario establecer una cooperación más estrecha -tanto desde el punto de vista económico como político- a nivel de la Comunidad al objeto de conseguir un impacto máximo a las acciones nacionales.

De entrada, nos encontramos con el carácter inaceptable de los niveles de paro que se producen en la Comunidad. En este momento, más de 17 millones de personas están sin trabajo y cerca de la mitad de ellas lo están desde hace más de un año. Esta situación se explica por la tasa de crecimiento económico que, con el 2 por ciento por término medio en las dos últimas décadas, ha sido mucho más débil que durante los 20 años precedentes. La creación de empleos ha sido insuficiente para responder a las necesidades del mercado del empleo. Durante el Consejo Europeo de Copenhague de los días 21 y 22 de junio de 1993, el Comisario Pádraig Flynn ha indicado que el 16 por ciento de los parados de la Comunidad Europea tenía menos de 25 años y que, en 1991, uno de cada cinco parados menores de 25 años buscaba trabajo desde hacia dos años.

Otro problema, la débil tasa de empleo, caracteriza a la Comunidad en relación con otras partes del mundo industrializado. En definitiva, menos del 60 por ciento de la población de la Comunidad en edad de trabajar dispone de un empleo, contra el 70 por ciento en Estados Unidos, en los países de la Asociación Europea de Libre-Cambio y en Japón.

Handicaps de la Comunidad

Habida cuenta de la presencia de esta mano de obra abundante, una reducción significativa del paro no se podrá conseguir únicamente sobre la base del crecimiento. Un aumento económico del 3'5 por ciento con un aumento de la productividad del dos por ciento -lo que se ha conocido al final de los años 80- que se mantuviera hasta el final del decenio, dejaría bien lejos todavía a la Comunidad del objetivo del 5 por ciento de parados.

Se toca así otro hándicap mayor, ya manifestado por la Comunidad: la capacidad del crecimiento para crear empleo se demuestra menor que en el caso de sus competidores. Aunque los Estados Unidos han mantenido una tasa de crecimiento del PIB similar a la de la Comunidad en el curso de la última década (alrededor del 2 por ciento por año), las tasas de crecimiento de las rentas por trabajo ha sido más débil -un 1 por ciento frente al 2 por ciento- mientras que la tasa de empleo ha continuado aumentando para llegar a un nivel diez puntos superior al de la Comunidad Europea.

De este modo, pese a que el crecimiento global de las rentas haya sido idéntico en la Comunidad que en los Estados Unidos, una proporción mucho más grande de la población americana ha accedido a un empleo remunerado.

Frente a estos niveles inaceptables de paro, y de desempleo de larga duración en particular, los poderes públicos han aumentado sus gastos consagrados a un abanico de medidas concebidas en vista de crear un sistema de crecimiento más favorable para el empleo. Estas tratan en general de convertir en más atrayentes a los parados para los empleadores reduciendo los costes salariales, aumentando su valor en tanto que asalariados mediante su formación o atacando los problemas de inadaptación o de transición, por ejemplo, entre la escuela y el mundo del trabajo. Según la Comisión, sería posible ir todavía más lejos en esta vía, es decir, modificar las estructuras globales de las medidas de incitación a los empresarios, de manera que pudiera emerger un sistema de crecimiento más creador de empleo en el conjunto de la economía.

A partir, especialmente, de la constatación de que las cotizaciones patronales -que se elevan por término medio al 15 por ciento de los salarios en el conjunto de la Comunidad- varían entre los Estados miembros entre casi el 0 por ciento o más de 20 por ciento; se deduce que la capacidad de los diferentes sectores de actividad para crear empleos, o la posibilidad para los empleadores de ofrecer diferentes tipos de empleos, podrá estar influida por la incidencia a la estructura de las cargas fiscales.

<

Revista Digital

Impresión profesional

HP Impresion Móvil Pymes