Direcciones Generales TIC en la Administración

El nuevo Gobierno tampoco da muestras de tener la intención de crear Direcciones Generales de Tecnologías de la Información en algunos de los ministerios. Existía lógica expectación por comprobar la reacción del Gobierno ante las evidencias, en la anterior legislatura, de los trastornos ocasionados por la equivocada decisión de suprimir direcciones generales TIC. Se presuponía que preclaras mentes del PP aconsejarían rectificar tan anómala decisión, apoyando su capacidad de convicción en el extraordinario auge y protagonismo adquirido por las TIC, además de resaltar las carencias e inconveniencias surgidas -durante los anteriores cuatro años- por la eliminación de las citadas direcciones generales. Por lo tanto, no habiéndose producido el análisis y cambio por una decisión incomprensible, absurda y carente de pragmatismo, habrá que pensar que han prevalecido los miedos a posibles críticas en el terreno político propiciadas por quienes podrían recordar al PP su obsesiva preocupación al comienzo de la anterior legislatura por disminuir el número de altos cargos en la Administración General del Estado (AGE) que, de acuerdo con su interpretación, resultaba excesivo. Con éste planteamiento lograron pasar, de las 210 direcciones generales que había con el último Gobierno del PSOE, a 147. Podría encontrarse aquí el motivo por el que el nuevo Gobierno prefiere soslayar el tema de creación de direcciones generales, por muy evidente que parezca su necesidad.
Por muy sobrados que estén de razones los especialistas TIC en la AGE, les resultará muy difícil convencer a los políticos para que defiendan sus elocuentes y demostrables puntos de vista, reivindicando mayor poder de interlocución con los más altos cargos, con el fin de hacer viables los grandes proyectos. Es preciso que, entre los componentes del nuevo Gobierno, algunos acrediten sensibilidad y conocimientos sobre la problemática planteada y logren persuadir al resto de las enormes ventajas que se derivarían de una decisión acertada elevando el nivel de representación de las actividades TIC en los departamentos ministeriales. Asimismo, resultaría útil clarificar el protagonismo del Consejo Superior de Informática diseñando la política en materia TIC, después de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se evitaría la interpretación de que sólo en el nuevo ministerio se marcan las directrices en política TIC, mientras que el Ministerio de Administraciones Públicas se dedicaría a hacer el correspondiente trabajo.

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