Decepción en Correos.

En los números 512 y 513 de nuestro semanario hacíamos comentarios sobre la oportunidad del concurso convocado para dotar al Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos (OACT), de un sistema de tratamiento de mensajes con el fin de establecer un servicio de correo electrónico público. Y, de acuerdo con informaciones recibidas de fuentes del usuario, decíamos: ...el contrato se adjudicará, si no existe un vuelco de última hora, a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas. Añadíamos en otro párrafo: la oferta, según fuentes del usuario, está muy bien estructurada equilibrada y compensada, lo cual evidencia que no se ha dejado el más mínimo resquicio a la improvisación. No obstante advertíamos: estando en juego la consecución de un buen contrato, es habitual que las empresas con ofertas bien clasificadas soliciten ayudas de personas de máxima influencia para defender algún determinado matiz que logre inclinar la balanza de la decisión del lado de su protegida. La conclusión de este episodio es que el concurso ha sido declarado desierto.

En una superficial panorámica de los avatares que está viviendo el OACT para lograr que prosperen sus tesis, podría decirse que el proyecto está gafado. Pero tal simplificación no es admisible cuando ya, a finales de 1.991, el concurso convocado para el mismo proyecto también fue declarado desierto. En este caso, cabía la justificación de encontrar arriesgado abordar la totalidad del proyecto de una sola vez -por 10.400 millones de pesetas -encontrándose más operativo y fácil de realizar el seguimiento, ejecutándose por fases. Más, el inicio de la primera por 4.800 millones de pesetas, ha tenido asimismo un nefasto final para el usuario: también se declara desierto ¿Qué está sucediendo?.

La decisión de poner en marcha un proyecto de la envergadura del que pretende el OACT, no se toma espontáneamente. La iniciativa de la idea parte de alguna dirección general y va tomando cuerpo a medida que se van conquistando adeptos. Las primeras bazas para el proselitismo de simpatizantes se basan, casi exclusivamente, en argumentos de origen técnico. Para la suma de la segunda oleada de captaciones -de menor número de personas, pero de rango de responsabilidad más elevado- hay que conjugar criterios técnicos con los relevantes objetivos que se pretenden conseguir. Por último, en la exposición ante la cúpula del Ministerio -antes Transportes y ahora Obras Públicas y Transportes- es fundamental añadir, a los planteamientos anteriores, el coste estimado del proyecto. Todas estas pruebas se pasaron con nota, como lo evidencia la aprobación por parte del equipo presidido entonces por Barrionuevo, de que se pusiera en marcha el mecanismo previsto para la adjudicación del contrato. Siendo tan importante el presupuesto dedicado al proyecto -10.400 millones de pesetas en un solo concurso- muy convencidos tenían que estar los máximos mandatarios del ministerio de la idoneidad y rentabilidad de lo que se pensaba hacer, para dar su consentimiento. Pero, la crisis ministerial que se veía venir, y que afectó directamente al Ministerio de Transportes, unida a la importancia del presupuesto del proyecto, propició que el concurso se declarase desierto. Se prefirió que fuera el nuevo equipo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, encabezado por Borrell, el que asumiera la responsabilidad del proyecto y fijara las condiciones técnicas y económicas que debían regir la convocatoria de un nuevo concurso.

Nuevamente, con Borrell, se reabre el proceso de consecución de voluntades favorables al proyecto, dando como resultado la aprobación de convocatoria de concurso público para una primera fase, con presupuesto de 4.800 millones de pesetas. Y, otra vez, se declara desierto. ¿Qué explicación convincente puede darse a las empresas que dedicaron muchas horas de trabajo con la intención de presentar sus mejores ofertas?. ¿Acaso el OACT se va a responsabilizar de sus costes?. ¿Es que todo ha sido una burda comedia?. La sensación de engaño y decepción es manifiesta entre quienes tenían puestas muchas ilusiones en obtener el contrato. Otra cosa es la cara de complacencia que tienen la obligación de poner ante los altos cargos del ministerio implicados en el asunto, por si surge la posibilidad de intentar hacer por tercera vez, lo que ya debería estar hecho.

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