Ayuntamientos, financiación y transformación digital
A partir de la instauración de los ayuntamientos democráticos en 1979, los gobiernos locales pasan a ser una variable imprescindible para el bienestar de los ciudadanos. Se produce una evolución que propicia que los ayuntamientos pasen de ser meros administradores de potestades, basadas en una legitimidad normativa, a ser prestadores de servicios, apoyados en una legitimación fruto de la propia demanda social. En este sentido, se han incrementado notablemente las competencias de los ayuntamientos llegando frecuentemente a asumir aquellas que no les corresponden. Podríamos afirmar que, aproximadamente un 30% de los recursos se invierte en competencias que no les son propias pero que deben resolverse a causa de dicha demanda social. Esta evolución desde 1979 ha discurrido pareja a la introducción de las tecnologías, buscando, en una primera fase, automatizar procesos para pasar, después, a gestionar conocimientos. Por ejemplo, desde el Ajuntament de Lleida hemos desarrollado durante los últimos años iniciativas que a día de hoy permiten la realización de más de 200 trámites on-line (15.000 trámites resueltos en un año con el ahorro de 4.000 jornadas de productividad), la gestión de más de tres millones de correos electrónicos anuales en los más de 15.000 buzones electrónicos suministrados en las web municipales y la realización de un chat mensual del alcalde directamente con la ciudadanía. La proximidad exige respuestas: lo urgente y lo importante En este marco, los nuevos procesos que llevan a la transformación digital tienen un carácter instrumental; permiten, en tanto que herramientas, que el proceso mejore, pero no hacen por sí mismos que el sistema sea mejor. Es preciso, pues, evitar que la presión que sufren las administraciones haga que se venda la herramienta más que la solución. Frecuentemente, las administraciones caemos en dicha tentación y nos exponemos al riesgo de generar frustraciones en los usuarios: recordemos que es más difícil convencer a un escéptico que a un ignorante. La transformación digital activa un prisma que permite vislumbrar un nuevo modelo de Administración: aproxima la realidad de la gestión pública al sector privado –perspectiva basada en un planteamiento proactivo–, con el objetivo de descubrir, definir y crear valor público para el individuo y para la sociedad, buscando aumentar el valor que obtienen los beneficiarios en relación al precio que han pagado por dichos servicios (servicios prestados, generalmente, en un marco –no lo olvidemos– de mercado cautivo). En definitiva, el dinero que financia las actividades de creación de valor en la Administración no deriva de la elección voluntaria de cada beneficiario-ciudadano, sino del poder coercitivo de la tributación –tributación que corre pareja con una participación cada vez menor, si no lo remediamos, de los ayuntamientos en la misma. ¿Cómo prestar, pues, servicios sin financiación de recursos? La Ley de Bases del Régimen Local y la Ley de Financiación de la Haciendas Locales no prevén en ningún momento vías de financiación específicas para cumplir algunos de los objetivos anteriores, aunque exista una demanda social de los mismos. La descentralización de competencias y el pacto local Frecuentemente, competencias, y por tanto servicios y sus recursos asociados prestados hasta la fecha por la Administración central, una vez descentralizados por ésta debiendo llegar a los municipios, quedan absorbidos por las comunidades autónomas. El nuevo modelo de financiación que se impulsa desde la FEMP quiere resolver estos desequilibrios mediante la participación conjunta en su negociación del Estado, autonomías y administraciones locales. Por la proximidad al ciudadano, la Administración Local y sus Entidades Locales tienen la máxima responsabilidad en la transición de la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento. Ningún proyecto de transformación digital de la sociedad alcanzará una implantación social amplia, evitando la fractura digital, sin la colaboración de los ayuntamientos. Y, para ello, es imprescindible la suma de esfuerzos, la coordinación y la creación de organismos de carácter horizontal con el objetivo fácil de enunciar y muy difícil de alcanzar: la Administración en Red, que permita el acceso a cualquier trámite de cualquier administración, sin discriminación de ámbito geográfico ni tecnológico, las 24 horas del día, con total transparencia, con seguridad, confidencialidad y máximo respeto a los derechos personales. Todos sabemos cuán alejados estamos aún de esta meta. Desde la Comisión de Nuevas Tecnologías de la FEMP trabajamos en potenciar la colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con el de Administraciones Públicas o con la Entidad Pública Empresarial Red.es para favorecer todo tipo de proyectos locales, regionales y de ámbito comunitario, participando en los mismos y aportando nuestra visión y percepción enriquecida por la proximidad de la ciudadanía que nos exige, día a día, avances en estos nuevos retos. Queremos aunar y sumar esfuerzos y, por este motivo, ponemos a disposición de todos los sectores de la sociedad y de todas las administraciones el ofrecimiento sincero y decidido de colaboración que siempre encontrarán en nosotros. Àngel Ros i Domingo es alcalde de Lleida y presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias).
