Asimelec alerta del riesgo de la morosidad para el sector TIC
El no cumplimiento de los plazos y la actual situación económica de recesión “puede perjudicar de manera extrema la competitividad de muchas empresas de nuestro sector, ya que el diferencial con Europa es mucho más amplio y debilita la salud económica de nuestras compañías, debido a la gran necesidad financiera que precisan”, comenta José Pérez, director general de la patronal.
La Ley de 2004 establecía períodos de pago de 30 días para las empresas y de 60 días para las Administraciones Públicas, pero según la patronal no se ha detectado que los efectos que perseguía esta Ley haya tenido impacto en numerosas empresas.
El principio de libertad de pactos que incluye la misma Ley, en concordancia con el artículo 1255 del Código Civil, “ha servido de excusa para amparar abusos de derechos y cláusulas que algunas empresas incluyen en sus contratos y que se traducen en plazos más amplios o tipos de interés de demora inferiores a los previstos”.